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Cosecha Roja-.

Las organizaciones de derechos humanos de Lima  están deliberando cómo reaccionar ante la nueva ley que exime de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuando, (“en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas como defensa”), causen lesiones o muertes.

Integrantes de varias organizaciones no gubernamentales -APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), COMISEDH (Comisión de Derechos Humanos)- están reunidos para determinar qué medidas tomar ante los posibles abusos que puede generar la nueva sanción legislativa, presentada por los grupos parlamentarios Fujimorista (GPF) y Nacionalista Gana Perú (NGP).

La presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello, se pronunció a favor de la ley y explicó que la modificación hecha al inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, apoya la facultad de las fuerzas del orden de preservar su vida o la de terceras personas frente a amenazas. Además, sostuvo que se trata de dotar a los miembros de los institutos armados y policiales de un ordenamiento legal que les permita combatir a la delincuencia y al terrorismo.

Para Jorge Agurto, director de Servicios de Comunicación Intercultural Servindi, “La medida puede provocar abusos y no es una deliberación aislada, sino que forma parte de una serie escalonada de medidas que benefician las fuerzas represivas, como por ejemplo considerar al “arrasamiento” un delito en función.

El dictamen, aprobado con el voto a favor de 77 congresistas y un solo voto en contra -de un total de 130 miembros que conforman el Congreso-, es el primero de cuatro proyectos destinados a contrarrestar la inseguridad ciudadana.

Después de las reuniones de esta tarde, las ONGs peruanas planean marchas en repudio a esta ley, que podría encubrir abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos bajo el lema de la inseguridad.