Arturo Rodríguez García. Proceso-. La policía secreta renació: civiles infiltrados y golpeadores –que suelen usar chamarras azules– han actuado violentamente el 1 de mayo, el 10 de junio, el 13 de septiembre y el 2 de octubre pasados. Son la muestra más burda de una ilegal escalada represiva contra los movimientos sociales, que incluye acoso en domicilios, detenciones “preventivas”, utilización de ambulancias como patrullas y empleo de instituciones conciliatorias como aparatos parapoliciacos. En esta andanada la acusación contra grupos “anarquistas” despierta más sospechas que certezas.
El 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República, se inició una escalada represiva contra las protestas sociales que, operada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), se vale del encubrimiento, la provocación, la brutalidad policiaca y la aparición de un grupo de civiles violentos no identificados.
Policías y encapuchados han embestido contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o transeúntes sin relación con el movimiento social.
Las agresiones fueron documentadas y denunciadas, pero han quedado impunes. Fue el pasado miércoles 2 cuando se resumió todo lo que a lo largo de 2013 han señalado grupos que se asumen perseguidos por el gobierno capitalino: presuntos policías vestidos de civil que se infiltran en manifestaciones y las violentan, usan uniformes y ambulancias para pasar inadvertidos; encapsulamiento de granaderos a manifestantes, quienes sufren golpizas y detenciones arbitrarias.
La lista se amplía: policías y funcionarios capitalinos que hacen registro fotográfico de manifestantes, revisiones selectivas en el Metro y unidades de transporte público, acoso domiciliario y “detenciones hormiga” bajo cualquier pretexto previo a las marchas: así pasó el miércoles 2, cuando se les fincaron cargos por delitos contra la salud (narco) a cuatro jóvenes, presuntamente torturados.
A través del registro que víctimas, activistas y periodistas han realizado en medios tradicionales y en redes sociales, así como de imágenes obtenidas por Proceso, fue posible documentar nueve episodios de alta violencia en 2013. De esos, al menos cuatro implicaron la participación de civiles infiltrados como grupo de choque. Algo parecido a lo que pasó el 10 de junio de 1971, El Halconazo.
Hasta ahora, el gobierno no ha asumido la responsabilidad por la violación de garantías.
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