mamálucascabelloCosecha Roja.-

Los fiscales y los abogados de la familia de Lucas Cabello volvieron a rechazar que el policía de la Metropolitana que lo baleó haya actuado en defensa propia. En la audiencia de esta mañana ante la Cámara Nacional en lo Criminal, las partes se encontraron: la defensa pidió la “falta de mérito” y la querella insistió en la detención de Ricardo Ayala, procesado por “homicidio en grado de tentativa con exceso en la legí­tima defensa”.

Los primeros días de diciembre la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) cuestionó la calificación del juez que liberó al policía de la Metropolitana. “La acción del imputado configura una gravísima violación de derechos humanos”, sostuvieron. Además, el juez Osvaldo Rappa pidió que se inicie una investigación por las presiones que sufrieron los testigospor parte de agentes de la fuerza de seguridad porteña.

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Lucas Cabello era peligroso: además de tener dos sándwiches de milanesa en la mano, era corpulento, tenía una “actitud increpante”, no estudiaba ni trabajaba. El policía Ricardo Ayala estaba indefenso: tiene sólo 20 años, poca experiencia, le tocó un ‘barrio hostil’ en el que hay dificultades para comunicarse con el Comando y, por eso, fue “imprudente en su manejo con el arma”. Así describió el juez Osvaldo Rappa el caso en el que un agente de la Metropolitana le dio tres balazos a un pibe de La Boca. “¿Qué se lee entre líneas? Que la vida de Lucas vale menos, que es una víctima merecedora de lo que le sucedió”, dijo a Cosecha Roja Gabriela Carpineti, la abogada de la familia Cabello.

En el procesamiento el juez acusó a Ayala por “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Pero incluyó un atenuante: el “exceso en el ejercicio de la legítima defensa”. Es decir, que -aunque no utilizó el medio adecuado- el policía se estaba defendiendo. “La fisonomía de Cabello, sumado a su actitud increpante, pudo haber intimidado e influenciado para que Ayala utilizara su arma”, escribió Rappo. La familia de Lucas, representada por Berguier y Carpineti apeló la calificación del hecho y la libertad de Ayala. Piden que la Justicia incluya un segundo agravante -el estado de indefensión de la víctima- y que elimine el atenuante.

“Esperemos que en segunda instancia se revierta este procesamiento vergonzoso. Lucas Cabello sufre dos veces violencia desde el Estado. Primero de la Metropolitana y ahora por parte del juez Rappa, a través de palabras estigmatizantes y discriminatorias. Los argumentos fisonómicos utilizados por el Juez atrasan cien años y retrotraen a la peor historia del sistema penal”, dijo a Cosecha Roja Leonardo Grosso, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

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Para el juez “otro dato interesante son los antecedentes de Cabello, quien registra varias denuncias en su contra”. Carpineti calificó la apreciación como un “bochorno técnico” porque una denuncia no es un antecedente. “Los calificativos demuestran la parcialidad del juez, se nota una mirada estigmatizadora, xenófoba, prejuzgadora de la víctima que merecedora lo que le sucedió por su origen, su hogar, su contexto social, familiar y habitacional”, dijo Carpineti. Según Rappa, Lucas “no tenía empleo ni expectativa de estudiar alguna carrera universitaria y/o terciario”. La versión excluye a la economía popular, como si cuidar coches no fuera trabajar.

Lucas sigue internado “estable pero grave” por los tres balazos que le dio Ayala. Los disparos fueron en el abdomen, la mandíbula y los testículos. El joven de 20 años había ido al kiosco de la esquina y tenía dos sándwiches de milanesa en la mano cuando Ayala disparó por primera vez. Los otros dos tiros los recibió cuando ya estaba en el suelo con su mujer al lado y su nena de dos años viendo todo. Todas las balas salieron del arma del agente. “Es un procesamiento atenuado en relación a la gravedad el hecho. Lo que el juez considera una acción imprudente, para nosotros es un accionar ilegítimo de la Policía Metropolitana”, dijo Carpineti.

El relato policial se refirió desde el primero momento a un “enfrentamiento armado” y Ayala lo sostuvo en sus declaraciones ante la Justicia. Algunos medios y funcionarios porteños acompañaron la versión. “Hubo un escenario de disputa pública respecto de la reconstrucción del hecho. El diario La Nación tituló ‘enfrentamiento entre un trapito y un policía’. Este fue el eje también de las declaraciones de María Eugenia Vidal y Guillermo Montenegro: estigmatizar a Lucas e instalar la idea de que víctima y victimario son ambos responsables”, dijo a Cosecha Roja Nahuel Berguier, también abogado de la familia.

Esta vez, la versión oficial se logró desactivar más rápido. “La familia de Lucas, apoyada por los vecinos de La Boca, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, los trabajadores docentes, y familiares de víctimas de la Violencia Institucional, dejaron claro que aquí hay un caso de gatillo fácil que no debe ser naturalizado y que no puede quedar impune. Esta disputa pública es la que va a hacer valer todas las pruebas que existen en el expediente y que son contundentes respecto de la acción criminal de Ayala”, explicó Berguier.

Después de escuchar a los testigos, el juez los cuestionó. En el caso de Camila, la mujer de Lucas, hasta dudó de que estuviera en la escena. “A pesar de estar cerca de su pareja, no logró escuchar lo que conversaba con el oficial de policía (…) Resulta extraño que el oficial disparara en una situación como la que describiera la testigo, y que la testigo no resultara lesionada”, escribió. Para los abogados, el juez tergiversó los testimonios en la valoración de la prueba.

La pieza en la que vive Lucas está dentro de un Hogar del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. “En el barrio hay 21 conventillos que el organismo se comprometió a recuperar. Para eso, llevó a quienes vivían allí a los Hogares. Se suponía que eran unos meses pero están desde hace 15 años”, contó a Cosecha Roja Martina Noailles, Jefa de Redacción del periódico local Sur Capitalino. Las peleas entre los vecinos aparecen cuando se nota las diferencias en los arreglos que hace el gobierno porteño en el barrio. En la causa declaró el jefe de la Comuna 4, el subinspector Diego Aramayo, y resaltó la “hostilidad existente entre los vecinos del lugar, y de éstos para con los oficiales de policía”.

Ayala era parte de la custodia que, desde 2014 y por orden judicial, cuida la puerta del conventillo de Martín Rodríguez al 500. La consigna policial era una forma de evitar una pelea entre dos vecinas del hogar. Según la declaración de Camila, cuando Lucas ya estaba en el piso, el policía guardó el arma, retrocedió y se metió en el conventillo de al lado. A pesar del pedido de ayuda de la hermana de Lucas, el oficial le cerró la puerta en la cara.

Fotos: Facundo Nívolo [conferencia de prensa en CTA]