Paloma Robles – Cosecha Roja.-
Hace siete años que Laura Orozco busca a su papá. Se lo llevó un comando armado que entró con violencia a la casa en Uruapan, Michoacán, nadie supo a dónde. La pesadilla apenas comenzaba. Un año después su hermano menor también fue detenido y desaparecido por las fuerzas policiales y en 2012 la escena se repitió con su hermano mayor. La historia la obligó a tomar hoy las riendas de una lucha que comparte con más de 30 mil familias de desaparecidos en México. “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”, dijo a Cosecha Roja.
Orozco forma parte del Comité de Familiares de personas Detenidas-Desaparecidas en México Alzando Voces. Llegó a Buenos Aires invitada por las madres de plaza de Mayo -línea fundadora- y la Comisión por la Reconstrucción de la memoria de la facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vino a hablar de su experiencia, a contar cómo es ser familiar de desaparecidos en México.
El jueves 26 de marzo se cumplieron seis meses de la masacre de Ayotzinapa. Laura estuvo en la movilización de la Plaza de Mayo. Cargó en el cuello una pequeña ficha con las fotos de su papá y dos hermanos, cada uno con la fecha de sus desapariciones, los tres tienen bigotes, son morenos, cara ovalada y ojos chicos. Todos sonríen. Leonel padre está sentado en una silla de ruedas porque era discapacitado: aunque no podía moverse con facilidad nunca perdió el ánimo. Era un hombre de empuje, emprendedor. “Mis hermanos eran sus manos, los enseñó a trabajar desde muy chicos”, contó.
A Leonel hijo, el hermano menor, lo desaparecieron el 18 de abril de 2009, casi un año después que al padre. Lo detuvo la policía federal en Uruapan. En el afiche que carga su hermana viste una remera con la virgen de Guadalupe. Era el más chico de la familia, el favorito de la madre. Los fines de semana solían pasear todos por la región, iban a la fiesta patronales y trabajaban juntos en el emprendimiento familiar de producción y comercialización de palta: un negocio que pronto fue codiciado por carteles armados para su financiación.
Leonel fue testigo de la desaparición del papá. Él estaba en casa aquel tres de julio de 2008 cuando irrumpió un comando armado. Eran de la policía ministerial y venían por Leonel Orozco Ortiz (padre) con una orden de aprehensión. A punta de pistola sometieron a toda la familia. Los pusieron boca abajo y los amenazaron de muerte. Un tío -que también estaba presente- se subió al auto con Leonel hijo y persiguieron la camioneta en la que se llevaron al papá. Cortaron camino y llegaron a un puesto militar, les pidieron ayuda a los uniformados, sabían que el auto de los secuestradores iba a pasar en minutos por ahí. Pero los militares se burlaron de ellos, la camioneta pasó de largo y nadie hizo nada. Les perdieron la pista. El camino a Periban de Ramos fue el último punto en el que los vieron.
Luego los secuestradores llamaron a la casa a pedir un rescate. No sólo querían dinero, también exigieron las escrituras de las propiedades de la familia. “Acordamos dar el dinero pero no los títulos de propiedad. Era mucho para nosotros pero poco para lo que pedían, nunca más volvieron a llamar y no regresaron a mi papá”, contó Laura. Una de las hipótesis que tienen es que los secuestradores se escondieron en Los Reyes Michoacán, territorio controlado por el Cartel de los Templarios -que Laura cataloga de paramilitares- y que después sería combatido por las autodefensas.
La familia quedó a cargo de la madre y el hermano mayor, Moisés, que además llevaba toda la investigación de los dos familiares desaparecidos. En 2012, luego de solicitar varias audiencias con el gobernador y con el delegado de la Procuraduría General de la República de Michoacán, también desapareció. Esta vez fueron policías municipales de la localidad de los Reyes: el hermano mayor ya había recibido amenazas y hasta un intento de rapto previo.
Para Laura la desaparición de sus familiares es la muestra de lo que está pasando en México. Para ella no hay una lucha contra el narcotráfico, que en todo caso sirve de pretexto “para controlar las resistencias que existen en territorios como Michoacán o Guerrero”. En su lectura, el verdadero interés del Estado mexicano está en el despojo de tierra y el desplazamiento de comunidades para la intervención de capitales privados.
“Hay grupos paramilitares que son impuestos por el Estado pero también por un sector empresarial muy importante, aún no sabemos cuál. Son bandos paramiliares pagados por empresarios y el Estado permite que operen porque también reciben parte de esa ganancia económica”, dijo Laura. En la región de la que su familia fue desplazada, premian las empresas exportadoras de fruta.
A los 26 años ella sabe de qué se tratan las desapariciones. Cala hondo el no tener respuestas, le desespera que no se investigue, que a nadie le importe lo que pasa. Eso mismo la impulsa: “te dan ganas de transformar y de no dejarles a nuestros sobrinos, a nuestros primos pequeños. Es una herencia tan atroz y nos impulsa a tener que terminar con esto”.
La lucha de Laura se hermana con la de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Por su historia familiar sabe que está en riesgo, pero al miedo le tiene tomada la medida, ni mucho ni poco porque luego se toman malas decisiones, explicó.
“Tenemos miedo, no podemos quitarlo, sin embargo tener un familiar desaparecido muchas veces te impulsa a controlarlo y seguir adelante. No está bien no tener miedo o decir ‘¿qué más puede pasar?’ o incluso hay quien dice ‘si me muero, eso sería lo mejor’. Lo cierto es que no nos estamos enfrentando a particulares, sino a todo un sistema económico capitalista que ha menoscabado la dignidad humana de las personas”, dijo.
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