Las Casitas: la causa más grande de trata a un paso de quedar impune

En 2009, la Justicia clausuró Las Casitas y rescató a más de cien mujeres. Era el complejo de burdeles más populoso y austral del continente. Un barrio que encerró dos manzanas de precarias casas colorinches, en calles de ripio y barro. Ocho años más tarde, la causa no tiene procesados. Por quinta vez la Fiscalía Federal pidió indagatorias, pero los jueces nunca tomaron medidas y el expediente podría ser archivado.

Dentro de cada uno de los veinte locales las mujeres eran clasificadas por la tonada y el color de piel. Políticos, médicos, turistas y hasta policías podían verlas bailar en bombacha y musculosa, tocarlas, besarlas y, si se convencían de sus encantos, pagar por el ‘pase’ más caro de la región. De las copas, los regentes se quedaban con el 50% y con el 30% de lo que se cobraba por sexo.

Mabel C. S. llevaba tres días en Río Gallegos cuando clausuraron Las Casitas. Había llegado desde Asunción del Paraguay en avión. Tenía 22 años y hacía rato que no conseguía trabajo. Un camionero la puso en contacto con Mónica, la dueña de uno de los bares. Coordinaron, le pagó el pasaje y la esperó en el aeropuerto. El acuerdo fue que Mabel hiciera copas para los clientes. Ni bien bajó del avión, la dueña del lupanar la llevó directo a su departamento, en Mariano Moreno 69, donde vivían otras seis chicas que también eran del Paraguay. Ese mismo día Mabel se enteró que tendría que prostituirse. La casa tenía un solo juego de llaves, que estaba en manos de la proxeneta.

La mayoría de las víctimas relataron que llegaron al sur por avisos clasificados. “Un aviso en el diario decía se necesitan chicas para trabajar de coperas, mínimo de ganancia $3000, el diario era de la provincia de Chaco y lo firmaba Nadia”, contó Alejandra G. Según Pamela D, “una vez estaba leyendo el diario y vi el clasificado que solicitaba chicas para venir a trabajar a Río Gallegos”.

Carmen tenía 19 años y hacía tres meses que la explotaban en el bar “Las Gatitas de Marta”. Los padres le habían dado permiso para irse al sur y desde allá girar dinero para su chiquito de 3, que había quedado en Santa Fe. Llegó al prostíbulo por intermedio de un vecino.

Alejandra A. viajó desde Resistencia porque el tío de una amiga le ofreció irse al sur. Él era habitué de Las Casitas. Como era del Chaco, la pusieron en el bar “La Diosa”, junto a sus coprovincianas y a chicas de Jujuy.

Elizabeth Adaro tenía 27 años, vivía en Perico, Jujuy, y ya trabajaba en bares para mantener a su hijo. Un tipo de nombre Fabián llamó a su casa y dejó en claro que le tenía que devolver “1/2 kilo de cocaína y $25.000” y que para cobrárselo la haría trabajar en esta ciudad. Al cabo de unos días le compraron un pasaje de colectivo en la empresa El Pingüino. El 4 de septiembre de 2008 la pusieron a trabajar en el Bar Verónica.

Para querer juntar dinero más rápido Elizabeth salió a buscar clientes por fuera del cabaret. El 5 de septiembre su cuerpo fue apareciendo por partes en una obra en construcción y en la calle. La causa dice que la mató un cliente que no le quiso pagar, que el tipo después se entregó a la comisaría y que se ahorcó en la celda con los bordes del colchón.

Los relatos de las víctimas dejaron en claro que lo que las llevó al sur no fue otra cosa que la desesperación y la pobreza. En algunos testimonios se leen cosas como “…la casita es cinco estrellas, está muy bien equipada, tiene agua caliente, comemos bien, no tenemos frío…”.

En 1989 la Municipalidad ordenó que los prostíbulos se trasladaran a terrenos fiscales cerca de la terminal de ómnibus. Con esa medida, los dueños de los cabarets se sintieron protegidos y hasta intentaron crear una asociación de meretrices que advertía que con la ley de trata iba a haber una ola de violaciones.

En junio de 2009, la jueza Ana Cecilia Álvarez clausuró Las Casitas. En el megaoperativo le tomaron testimonio a decenas de clientes y encargados de bares, y a las 111 víctimas que lograron identificar. El resto, se cree, fue sacada del lugar cuando alguien avisó de los allanamientos.

En el expediente se dice que en Las Casitas hubo sólo dos mujeres rescatadas que eran santacruceñas. También encontraron dos chicas bolivianas, seis bonaerenses, dos de CABA, nueve de Chaco, una del Chubut, una colombiana, cinco cordobesas, una correntina, una entrerriana, diez formoseñas, dos jujeñas, cuatro misioneras, una neuquina, diez paraguayas otras diez de República Dominicana, una rionegrina, tres salteñas, treinta y una santafesinas, una santiagueña y tres tucumanas.

En los cabarets, las chicas eran clasificadas y ubicadas por su origen. Por ejemplo, en “Las Gatitas de Marta” las había de Río IV y Santa Fe y en el “Margot” eran oriundas de Formosa, mientras que en el bar “Mony” estaban las paraguayas y en “La Guada” todas dominicanas.

No hubo -ni entonces ni nunca- detenidos, procesados o indagatorias. Los días 17 de octubre de 2010, 17 de diciembre de 2012, 6 de julio de 2016 y 14 de septiembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal reclamó al Juzgado Federal de Río Gallegos, que indague a seis imputados por trata de personas con fines de explotación sexual. Nunca hubo respuesta. Semanas atrás, ante una nueva amenaza de archivar la causa llegó otro pedido para que se los cite junto con otras seis personas.

“La sanción de la ley de trata de personas, la discusión pública que eso ha generado en torno al prostíbulo como fuente principal de violencia tan extrema como naturalizada hacia la mujer, y el desarrollo de una nueva política criminal puso en alerta este tipo de organizaciones”, se lee en el dictamen del fiscal, Gonzalo Miranda. El dictamen advirtió de la connivencia con funcionarios.

Durante varios años el flujo de víctimas fue constante y generó un rédito económico en Las Casitas, que tenía la fama de ser uno de los lugares mejores cotizados del circuito de la prostitución.

El juez que tiene en sus manos la decisión es Javier Leal de Ibarra, que subroga en Río Gallegos y a su vez es camarista del tribunal de Comodoro Rivadavia, el mismo que en 2012, dos años después de operativo, aceptó un pedido de los dueños de los cabarets para reabrir La Casitas. Aquella  vez una gran parte de la comunidad mostró su indignación y Las Casitas no volvieron a funcionar.

Hoy también sobre el Tribunal Oral santacruceño habría suspicacia: Uno de sus jueces, Mario Reynaldi está acusado por Marcelo Colombo, titular de la PROTEX, de encubrir un ex Comisario Mayor que integró la red de trata que funcionaba en el Bar Verónica, uno de los emblemas de Las Casitas.

De ese bar testimoniaron 19 mujeres. Si la causa no cambia de curso, sus palabras y las de otras noventa víctimas podrían quedar archivadas en algún estante judicial.

Esta nota fue escrita en el marco de la Beca Cosecha Roja y se publicó también en Tiempo Sur.