lanattaconlantaCosecha Roja.-

Los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci fueron noticia en 7 de agosto de 2008 cuando se difundió el Triple Crimen. En diciembre de 2013, volvieron a serlo cuando los condenaron por el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina e intentaron escapar de la cárcel de Sierra Chica.Reaparecieron en los medios cuando en agosto de este año Martín dio una entrevista para el programa Periodismo para Todos en la que acusó al entonces precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, de ser el autor intelectual de los asesinatos. Ahora encabezan la lista de buscados de Interpol -tras fugarse del penal de General Alvear- y los convirtieron en protagonistas de un capítulo más para justificar “la guerra contra el narcotráfico”.

Para el CELS, el enfoque es problemático. “Mientras se continúa aplicando el paradigma prohibicionista que tiene como objetivo erradicar por completo la producción, el tráfico y el consumo de sustancias declaradas ilícitas, se hace cada vez más evidente que uno de los principales efectos de la prohibición y el “combate” es la penetración de las redes delictivas en las estructuras estatales – políticas, de seguridad y judiciales- porque así funcionan estos mercados ilícitos”.

Según la versión oficial de la fuga, los tres hombres estaban en el sector sanidad del penal de máxima seguridad, redujeron a dos guardias, se disfrazaron parecido a los uniformados y salieron. Después se subieron al auto de un penitenciario, manejaron hasta un puesto de guardia, amordazaron a un custodio y se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, en donde lo dejaron. Todo, lo hicieron con un arma de juguete.

La Unidad 30 de General Alvear tiene capacidad para 1500 presos pero hay 1724. La sobrepoblación es de más del 11 por ciento. El penal inaugurado en 2000 es de régimen cerrado, tiene tres sectores y nueve módulos en cada uno. En los pasillos hay rejas, las cerraduras son electrónicas y los guardias patrullan por dentro y por los techos: es una cárcel de máxima seguridad. De ahí se fugaron los condenados por el Triple crimen de General Rodríguez el domingo, pasadas las 2 de la madrugada. Según el CELS, la “su liberación solo pudo suceder con la complicidad del SPB, sistema que hace años muestra altísimos niveles de violencia, degradación y corrupción”

“La fuga pone en evidencia, una vez más, la crisis que atraviesa el sistema penitenciario en general, y el bonaerense en particular: sobrepoblación, hacinamiento, falta de estímulos e incapacidad para custodiar a los presos más peligrosos son los emergentes de un sistema obscenamente costoso y manifiestamente ineficiente”, dijo a Cosecha Roja el juez y director de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano.

El informe de la Comisión Por la Memoria,que se presentó hace dos semanas, registró 6.843 casos de torturas y/o malos tratos a 2.074 víctimas: 1.911 son varones (92,1 por ciento), 161 son mujeres (7,8) y dos personas trans. Sólo en el penal de Alvear, en 2013 hubo 155 denuncias de represión y fue la segunda unidad con más casos del distrito de Azul. Al año siguiente, se mantuvo en el puesto y hubo un aumento de 39 por ciento en los malos tratos. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), del total de los presos de Alvear, sólo el 55 por ciento tienen condena.

Mario Coriolano, defensor de casación, dijo a Cosecha Roja que “la gravedad de la situación amerita una reforma profunda integral, a la que nunca el SPB se vio expuesto”. El SPB controla 55 unidades en las que viven más de 30 mil detenidos y, según el Informe 2015 del CELS, no tiene una política unificada sobre el uso de la fuerza: cada unidad la regula a través de disposiciones del director. Las torturas y malos tratos son diversos, van desde las agresiones físicas –submarino y pata pata– hasta psicológicas -engome, aislamiento y falta de alimentación, salud, educación y trabajo-. En el informe de 2015, la Comisión resaltó el problema del agua en la Unidad 30. El servicio penitenciario corta el suministro durante la mayor parte del día y sólo lo habilita durante tres horas que se distribuyen entre mañana, tarde y noche.

***

La causa judicial por la fuga quedó en manos del fiscal Cristian Citterio y el juez de garantías Federico Barberena. La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desplazó del cargo a la jefa del SPB -Florencia Piermarini– y a los responsables del penal -Manuel Guevara y Ariel Elichelibeti-. La mujer ya había presentado su renuncia dos veces, pero se la habían rechazado.

En una conferencia de prensa, Vidal informó que van a intervenir el penal e insistió con la ley de emergencia penitenciaria, un proyecto que envió a la Legislatura la semana pasada. “Nos va a permitir avanzar en la compra de equipamiento para todas las unidades como cercos perimetrales electrónicos, cámaras que funcionen e inhibidores de celulares”.  dijo. Hoy asumió Fernando Díaz como nuevo jefe del Servicio Penitenciario. El hombre era subjefe del Servicio Penitenciario Federal y ya había ocupado el cargo de jefe del SPB entre 2005 y 2009.

Durante la gestión de Díaz murieron 33 personas en el Penal de Magdalena. La masacre fue el 15 de octubre de 2005 y empezó como una pelea entre dos internos. Los agentes del SPB y de la División Canes llegaron hasta el pabellón con escopetas con munición antitumulto, dispararon balas de goma, golpearon a los detenidos y les lanzaron los perros. El incendio comenzó en el fondo, donde estaban las últimas camas. Los penitenciarios retrocedieron, sacaron a algunos de los presos y cuando el fuego se volvió incontrolable cerraron la puerta.

Diez años después, están acusados 17 penitenciarios y todavía no hay fecha de juicio. Los agentes del SPB -entre ellos el jefe de la unidad y el jefe de Seguridad- que están procesados omitieron prestar auxilio cuando comenzó el fuego. En lugar de eso, cerraron las puertas. Están acusados de abandono de persona seguido de muerte y de homicidio culposo agravado. A principios de este mes, la justicia condenó al Estado bonaerense a indemnizar a familiares de los presos que murieron.

De Lanata a Interpol

Los tres estaban cumpliendo perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. El otro condenado -Marcelo Javier Schillaci- está internado en el hospital penitenciario de la cárcel de Olmos. Los cuatro fueron noticia en diciembre de 2013 -cuando los condenaron por el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina- e intentaron escapar de la cárcel de Sierra Chica. Volvieron a aparecer en los medios en agosto de este año:

Al día siguiente del programa, el propio abogado del condenado lo desmintió: “Le hicieron decir algo que no es cierto. Estuve mucho tiempo con él, nunca lo conoció”, dijo Roberto Cazorla Yalet. También lo negaron los jueces de la causa y el fiscal Juan Bidone: “Está condenado y puede tener segundas intenciones al salir con esta denuncia”.

La operación mediática fue el domingo 2 de agosto y el propio ex Jefe de Gabinete la anunció antes de que saliera al aire PPT, por Canal 13. Durante el programa, Jorge Lanata entrevistó a Martín Lanatta.

– ¿Cuántas veces te encontraste con Aníbal Fernández?- preguntó el conductor.

– Tres o cuatro veces.

– ¿Dónde?

– En el RENAR, en el coso y una vez en la puerta de la casa de él.

Cuando dice el “coso” se refiere al supuesto pago de un dinero destinado a Fernández a través de un contacto de Inteligencia. “Vos me contabas que el pago de Forza a Aníbal se hace circunstancialmente en el departamento de Policía medio al pasar, en medio de una visita oficial de Aníbal al Departamento”, dijo el conductor. El entrevistado asintió.

– ¿Por qué hablás ahora?

– Yo voy a pedir el resguardo que tengo que pedir, sé que con quién me enfrento – dijo Lanatta. Y no respondió la pregunta.

“¿Cuál será el motivo para una operación política hoy sobre un tema que tiene 7 años? ¿Que estamos a 7 días de las PASO? ¿Que soy el candidato que encabeza las encuestas?”, escribió Fernández en su blog.

El triple crimen

Según la investigación judicial, las víctimas querían entrar en el negocio del tráfico de la efedrina y esto ponía en riesgo el negocio de Ibar Esteban Pérez Corradi, considerado el autor intelectual del crimen.  Hasta entonces la droga se importaba desde China e India sin restricciones. Se conseguía el kilo de efedrina a 10 dólares y se vendía a México por 10 mil dólares. Después del triple asesinato, Aníbal Fernández -entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos- reguló la importación del precursor.

El 7 de agosto de 2008, a Forza, Ferrón y Bina los convocaron por una reunión de negocios en el Walmart de Sarandí. Los esperaban Cristian y Martín Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci. De ahí, los tres empresarios fueron trasladados a la casa de Cristian en Quilmes y asesinados a balazos por la espalda. Los cuerpos quedaron guardados en un freezer y aparecieron seis días después en un descampado de la localidad de General Rodríguez.

El autor intelectual fue Pérez Corradi, un hombre que había hecho muchísimo dinero en poco tiempo y que conoció a Forza cuando la víctima estaba quebrada económicamente. Pérez Corradi le empezó a hacer préstamos que el empresario nunca pagó y con los que compraba remedios defectuosos y los metía en el mercado.

A Forza se le prendió la lamparita y empezó a conspirar para apartarlo a Pérez Corradi y quedarse con el tráfico de efedrina. En marzo hubo una reunión en una confitería de Pilar junto a Luis Tarzia -el contacto con los compradores mexicanos-. Tuvieron una conversación sobre la venta de 125 kilos de efedrina. Cuando el juicio llegó al final, el periodista Ricardo Ragendorfer escribió en Tiempo Argentino: “A los pocos minutos, Forza llamó a Leopoldo y Damián para transmitirle la buena nueva. Todo indica que, en ese preciso momento, los tres amigos iniciaron su larga marcha hacia un zanjón de General Rodríguez”.

Nota publicada el 28/12/2015