Hugo Gómez Romagnoli era estudiante de diseño gráfico e instructor de esquí. En 1996, año en que lo mataron, tenía 28 años. Era un sábado de agosto a las cinco de la mañana, a pocas cuadras del microcentro mendocino. La Compañía Motorizada estaba haciendo un control vehicular. Él no paró.
La policía empezó a seguirlo. Fueron 15 kilómetros que recorrieron en casi media hora por la Capital y el Gran Mendoza. Hugo iba solo, y según versiones, borracho. Lo persiguieron seis patrulleros y catorce oficiales. Intentaban detener el auto a tiros. Era un Renault 6, que terminó con seis balazos: cuatro en el baúl y dos en las cubiertas traseras. Uno de esos tiros mató a Romagnoli.
Horas después, el sargento Oscar Gorgoitía fue detenido. Un año después, condenado a catorce años de prisión. 17 años después, la Comisión Internacional de Derechos Humanos aceptó tratar el caso.
En 2007, en libertad condicional, el ex sargento había pedido que el Estado Nacional le pagara una suma de dinero porque, según él, se le había negado la posibilidad de que su condena fuera apelada. Gorgoitía es el primer uniformado mendocino que llega al sistema interamericano, siendo uno de los pocos que pasaron todos los filtros.
La Primera Cámara del Crimen lo había condenado. Pero, en un recurso de casación, la sentencia fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia. Por eso denunció al Alto Tribunal por “mala praxis” judicial. Se basaron en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: “el derecho humano de todo condenado a obtener una revisión de la misma por otra instancia superior o interdependiente…”.
Este trámite empezó a transitar por los despachos un tiempo después de la condena a nivel local y hace seis años fue elevado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que podría condenar al Estado Argentino por este hecho ocurrido hace 17 años..
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