Cosecha Roja.-

El programa de Justicia Juvenil Restaurativa está inspirado en la decisión de un juez canadiense, que en 1979 promovió el encuentro entre jóvenes acusados de vandalismo y sus víctimas. Esta iniciativa busca que los jóvenes acepten su responsabilidad, restauren el daño y se reintegren a la comunidad.

En Lima, el proyecto tuvo su prueba piloto en La Corporación, la principal comisaría del distrito El Agustino. Los jóvenes detenidos eran atendidos por un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Los profesionales hablaban con el joven infractor para saber qué sucedió y cómo veía la situación de la víctima.

Raúl Márquez, especialista en asistencia técnica del proyecto, explica en esta entrevista cómo la Justicia Juvenil Restaurativa bajó los niveles de violencia en las calles de Lima. El Comandante de la PNP, Daniel Llaury Linare, también habla de esta experiencia que convocó a más de 1500 jóvenes infractores.

Entrevista a Raúl Márquez

¿Cómo se lleva adelante esta experiencia?
En principio, de acuerdo al diagnóstico que realizamos comprobamos que el equipo que funcionara en la Comisaría debía atender de manera inmediata a los adolescentes porque la mayoría de ellos no tienen una defensa. El primer equipo que los recibía era la Defensa Inmediata: un abogado era acompañado por un psicólogo y un trabajador social. El abogado defendía derechos y el equipo intentaba hablar con el menor, saber que sucedió, cómo veía la situación de la victima, intentaba promover la responsabilidad y ver cómo lo podía reparar. Esto se sumaba al trabajo clásico: perfil psicológico, consumo de drogas, inserción escolar. El trabajador social conocía a la familia, los niveles de compromiso, cuáles eran las redes de apoyo: ¿una escuela? ¿una actividad recretativa?

¿El trabajo apuntaba a trabajar con adolescentes que cometían delitos menores?
Sí, comenzamos el trabajo de JJR con delitos menores y en la experiencia encontramos delitos moderados y graves. Homicidio quizá había uno al año, o delitos sexuales.

¿Qué aportaba este trabajo de la Defensoría Inmediata?
Ofrecía nuevos elementos al fiscal. Para el fiscal ya no era sólo la valoración del parte judicial. Claro que atrás había una comunidad harta de los conflictos de los menores, que creía que la policía y los jueces no hacían nada. Y que a nosotros nos llamaban “los defensores de los delincuentes”. Pero el equipo daba otro enfoque. Y cuando el fiscal empezó a pedirnos nuestra opinión sobre los casos, fue algo revolucionario. Porque le dábamos nuevos elementos para tomar una decisión. Pasó a preguntar ¿qué hacemos con este chico, podemos hacer algo?

¿Y cómo seguía el proceso?
Ese primer trabajo se sustentaba con un equipo de Redes. Íbamos a los club de madres, los clubs de vasos de leche, los comités barriales de seguridad, las escuelas. Queríamos posicionar la propuesta. Hablábamos el tema legal, de los derechos, dar un marco de donde nos movíamos, lo que planteábamos. Teníamos la necesidad de involucrarlos, de sensibilizar a la comunidad. De que todos entiendan el sentido educativo de la reparación y los jóvenes puedan revincularse con la comunidad. Luego se activaba un tercer equipo de trabajo.

¿En qué consistía el trabajo de ese tercer equipo?
Era el equipo de Acompañamiento. Si había condiciones se hacía un programa abierto, se trataba de aprovechar los servicios de la comunidad, sin crear un centro especializado: la escuela cercana, el centro de salud, hospital de salud mental, el servicio de jardineritos que cuidaban la ciudad y que era un programa de la municipalidad. Buscábamos servicios. La parroquia tenía actividades deportivas. Lo que sí hicimos nosotros es que el educador que tenia el programa realizara consejería individualizada. Los adolescentes venían una o dos veces por semana, generaban adherencia, era motivante, apoyaba el cumplimiento de los 6 u 8 meses que duraba el proceso. Si el joven aceptaba se reunía con la victima. Ofrecía disculpas hasta la posibilidad de devolver el dinero. A veces la victima se conformaba con asegurase de que el joven estaba estudiando y le contaba lo que había cambiado en su vida después del robo, por ejemplo. En esa situación de mucha emoción, los muchachos entendían. Cuando el programa terminaba tratábamos de acompañar, de hacer post seguimiento.

¿La experiencia logró bajar el nivel de violencia, de reincidencia en el distrito?
De 1500 jóvenes atendidos de 2005 a 2010, el 60 % se integró a los programas, el otro 40% no: por falta de compromiso propio o de la familia, o por ser un delito grave. De los que se quedaron el 7% solo reinciden. Un buen número si tenemos en cuenta que los datos de los Centros Cerrados dicen que 2 de cada 3 adolescentes que pasan por ahí reinciden. Comprobamos que de los chicos que terminaban el programa al menos por los dos años siguientes se mantiene bien.

¿Esta iniciativa se ha convertido en una política pública?
Hoy el gran aliado es el Ministerio Público es un aliado fuete. En la zona de Lima sur, con un millón de habitantes ya contrata equipos propios, psicólogos y trabajadores sociales adscriptos a los fiscales. Lo mismo en Trujillo, Chimbote y ahora mismo Casa Encuentros se reunirá con funcionarios para evaluar la proyección y ampliación. La idea es que el modelo en 5 años se aplique en todas las regiones del país. Esta iniciativa cruza muchos sectores: Fiscalía, Ministerio de Justicia, Policía Nacional. Que el Ministerio Público haya comprado la idea, puesto dinero, es toda una intención de que esto crezca.

¿Cuál es la gran debilidad de estos proyectos?
Cuando lo gestionamos las organizaciones civiles, la debilidad siempre es el recurso. Necesitaríamos tener un equipo especializado e incidencia política para que el Estado entienda, comprenda, compre.

¿Y la fortaleza?
Creo que hemos construido un modelo. Una suerte de puente. Los medios de comunicación son un tema duro: un chico que robó es noticia y ya hablan de subir la pena. Nosotros queremos la prevención. Mientras más tempranos apliquemos la JJR, menos posibilidades de reincidir tendrán. La atención temprana de la infracción corta el camino al delito de adulto.

Entrevista a Daniel Llaury Linare
Actual vocero policial de Justicia Juvenil Restaurativa.

¿Cómo nace el proyecto?
En el año 2002 la organización Tierra de hombres de Perú se propone innovar con un proyecto piloto. Hace un estudio de campo por edades y eligen en la ciudad de Lima un distrito de 90 mil habitantes: El Agustín; y en el interior selecciona Chiclayo que tiene 50 mil habitantes. Hacen un diagnóstico de tres años y logran establecer que esos eran los lugares indicado para trabajar con la Justicia Restaurativa. En el 2005 firmaron un convenio con el ministerio de Justica de Perú en ambos lugares. Lanzan el proyecto en el 2005.

¿En qué consistía este sistema?
El infractor era detenido y en la comisaría los recibía un abogado defensor, un psicólogo, un asistente social y un sociólogo. Hablaban con él, ubicaban a sus padres, averiguaban si iba al colegio. Veían si tenía un sostén para que sea tratado en un campo abierto sin ser privado de su libertad. Entendía que era algo sumamente innovador: El sistema no era mediato, podía ser a corto, mediano o de largo plazo. Tenía un seguimiento educativo. El adolescente se podía establecer si tenía que volver al colegio, si no tenía empleo ponerlo a buen recaudo para que pueda trabajar.

¿Cómo funcionaba el Módulo?
Al principio no teníamos un ambiente adecuado. Los adultos estaban en la celda continua. En el 2008 recién comienza el trabajo en el Modulo Especializado. Se crea una sala de reposo que es donde está privado de su libertad. Es una sala completamente blanca, se pinta de ese color porque es por resultado de un estudio. El blanco le da actitud reflexiva, volver a un punto neutral: estar en un mundo donde te olvides de todo y reencontrarte con vos mismo. Allí se realizan las entrevistas con un vidrio de reconocimiento donde el infractor no puede ver ni a las víctimas ni a los testigos. Luego hay otro ambiente, es un patio donde permanece el menor y recibe las visitas. La tabla de reposo donde permanece el menor no tiene lujos pero tiene todos los servicios. No es un hotel de cinco estrellas pero es digno, tiene los servicios básicos que tienen que tener los seres humanos. Si hay tres adolescentes de un caso y a cada uno le traen comida, no lo permitimos: le compramos un menú igual a cada uno. No hay barrotes verticales.

¿Qué cambios provocó la implementación de este sistema restaurativo?
De un 75% de reincidencia bajamos al 3% Desde el 2007 al 2009. Había adolescentes que antes veían una camioneta y corrían como venados al cerco, y que de pronto saludaban. Lo que cambió es la imagen de la policía: antes los veían y era sinónimo de palos. En este proceso hubo 35 ongs que trabajaban por su cuenta. Logramos empadronar y hacer un trabajo interdisciplinario con ellas. No todos los adolescentes cambiaron, pero había que hacer un estudio muy profundo para ver por qué no cambiaron.

¿Usted se suma desde el comienzo?
Yo llego en el 2007. Se había avanzado poco, porque el personal policial no era especializado, los fiscales no se identificaban mucho con el tema, los profesionales estaban en un barco a la deriva. Cuando me sumé traté de ponerle un poco de fuerza. Era un sistema innovador en el Perú. Viniendo de un sistema castigador, que solo creía en las penas, y ningún área eje del Estado ponía el eje en la inclusión y la rehabilitación.

¿Qué opinan los policías de esta iniciativa?
Yo soy policía porque a los doce años salía de mi casa en bicicleta y pasaba por un asentamiento y me llevaron a una comisaría y me tuvieron en un calabozo hasta las 11 de la noche. Desde entonces quise ser policía para cambiar ese sistema. Gracias a dios, después de 25 años se me presentó la posibilidad de hacer esto. Los compañeros me preguntan por qué tanto cariño, todos tenemos esa mentalidad. Lo que necesitamos hacer fue invertir en capacitación. De todos los que participaban solo uno o dos demostraban que podían hacerlo. Los que más servían eran los que habían pasado por la universidad. El problema de la policía está en las escuelas de formación, eso lo demuestra.

¿El proyecto se ha expandido?
Sí. En 2010 se expandió a tres distritos en Lima. Este año se implantó en todo Trujillo. Pero el estado peruano nunca dio señales concretas de querer apoyar este programa. No existe ninguna réplica de la comisaría de El Agustino en ninguna de las 1500 del país. Por lo menos tendría que haber una en cada cabeza de provincia. Si se apostó a la iniciativa a nivel del Ministerio público, no a nivel policial.

¿Está convencido del éxito de la JJR?
De todos los sistemas juveniles creo que este es el más innovador. Los demás han fracasado. Tienen que tener un ángulo muy marcado: la policía, el ministerio público y las familias. Tiene que haber un sistema en el que todos los sistemas tienen que aterrizar en un plano horizontal para establecer acciones conjuntas.