*Por Sara Delgado
Laura estaba llegando al fin de su embarazo cuando la internaron en la Clínica Cruz del Sur de Caleta Olivia. La mujer ya había dicho que no quería quedarse con la beba. En el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos había más de setenta familias en condiciones de pedir la adopción. Con la ayuda de dos colegas la jueza del Menor Angélica Popis Zari salteó todos los pasos que establece la ley y consiguió la adopción de la beba: ahora el Estado santacruceño investiga a las tres juezas y la directora del hospital público y reclama la nulidad de todo el proceso.
No se sabe si previamente Laura -no es su nombre verdadero- acordó la adopción con la jueza Zari. Lo único que pidió cuando quedó internada es que le dejaran sacarse una foto con la beba después del parto. Laura fue derivada al hospital público de Caleta Olivia, cuya directora es Patricia Zari, hermana de la jueza del menor.
El 14 de febrero desde el Juzgado de Familia , a cargo de María del Rosario Álvarez, enviaron un oficio al hospital: avisaron que el embarazo “era de alto riesgo” y que la mujer ya había manifestado “expresamente” su voluntad de dar en adopción a la beba por nacer. Así, se aseguraron que desde el hospital le informaran de manera “urgente y prioritaria” del parto. Además, la beba quedaría “a disposición” de ese juzgado.
El nuevo Código Civil cambió los principios en los que se basa la adopción, poniendo en la centralidad el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no en el deseo de los padres a tener un hijo. El Juzgado de Familia debió haber dado intervención a la Oficina de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caleta Olivia, pero no lo hizo. La adopción, al menos hasta acá, no había sido incorporada al sistema.
La beba nació el 22 de febrero al mediodía. La identificaron con el nombre que eligió Laura, pero en la cuna agregaron un rótulo con otro apellido. En el certificado de nacimiento, en vez de su identidad, anotaron un número de celular.
Los primeros días de marzo el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos recibió un nuevo legajo para la inscripción de una familia de Caleta Olivia conformada por la jueza del menor, Angélica Zari, en el que ya constaban los procedimientos de evaluaciones psicológicas y sociales que se hacen en el Poder Judicial. Llamó la atención la celeridad que tuvo ese trámite que en vez de tardar dos meses promedio como generalmente sucede, se hizo en 48 horas.
La propia Zari se comunicó después con el registro nacional para consultar el número de expediente y el estado de situación del trámite.
Con esta inscripción en el registro, el Juzgado de Familia de Caleta Olivia inició el proceso judicial de adoptabilidad de la beba, pero con ciertas trampas al sistema: todavía no se había cumplido el plazo de 45 días desde el nacimiento, nunca se puso en conocimiento a la Oficina de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de El Gorosito y lo más curioso, la jueza de Familia omitió pedir por oficio al Registro Provincial de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción los legajos de las familias en situación de adoptar a la beba.
En vez de eso, vía mail, le pidió al registro nacional que le diera tres legajos específicos. Cuando el Registro Provincial de Adoptantes fue alertado de esta maniobra, su titular, Silvia Manríquez, solicitó una reunión urgente para analizar la situación y exigirle al Juzgado de Familia que le remitiera de inmediato el oficio donde pedían los legajos de las familias que estaban en condiciones de adoptar a la beba.
En el Registro Provincial de Adoptantes descubrieron que uno de los tres legajos pedidos había sido el de la jueza Zari y, por lo tanto, supusieron que la intención era privilegiar su solicitud frente a las más de setenta familias que actualmente esperan adoptar.
La semana pasada, las autoridades del Ministerio de Desarrollo pusieron al tanto a la Oficina de Niñez caletense y su titular, Cecilia Florentín, se presentó ante el Juzgado de Familia para constituirse en parte, pero no pudieron tener acceso al expediente. Es decir, no pudieron conocer por qué se declaró el estado de adoptabilidad de la recién nacida sin esperar los 45 días como dice la ley y sin que surgiera si algún familiar directo pudo manifestar su deseo de asumir la guarda o tutela, o incluso por qué la beba estuvo todo este tiempo en el hospital que dirige su hermana.
Este sábado, la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Shanahan, solicitó la nulidad de la adopción por “la gravedad de la situación planteada y la flagrante afectación de derechos del niño y violación de normas de orden público, debido proceso y derecho a la identidad”.
El domingo, mientras se conmemoraban el 43 aniversario del golpe cívico militar y eclesiástico que lesionó el derecho a la identidad de miles de argentinos y argentinas, el fiscal Martín Sedán dictaminó a favor de anular todo el proceso y remitir las actuaciones a la Justicia Penal para que se investigue la participación de las juezas del Menor, Angelica Zari; María del Rosario Álvarez, de Familia; y la del Juzgado Civil, Malena Totino, quien también habría firmado documentos del proceso durante la feria judicial.
Los organismos que desde el Estado se ocupan de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes sirvieron además para controlar al propio Poder Judicial a partir del alerta que surgió en el Registro Provincial de Postulantes a Guarda con Fines de Adopción.
La investigación deberá responder varias preguntas: ¿por qué la jueza de Familia nunca le dio intervención a la Defensoría del Menor de Caleta Olivia?, ¿qué grado de participación pudo tener su hermana y directora del hospital?, ¿hubo supresión de identidad? ¿por qué la beba estuvo desde que nació en Neonatología y no en el sistema de protección de Infancia?
