Rodrigo y Rolando Menchaca dormían cuando empezó el fuego. La puerta de la habitación donde descansaban tenía las cerraduras soldadas y la única salida era una escalera que estaba en llamas. Los niños de seis y diez años no pudieron escapar del incendio del taller clandestino de Flores. Cuando los bomberos tiraron abajo la pared con una maza los encontraron muertos. La tragedia de la mañana del 27 de abril de 2015 desencadenó la investigación por la explotación laboral en el lugar: hoy los abogados querellantes presentaron el requerimiento de elevación a juicio contra los dos dueños del taller por el delito de trata de personas.
“Investigamos durante un año y medio. Hay prueba para demostrar que en el taller donde murieron los dos niños bolivianos había trabajo forzoso y explotación”, dijo a Cosecha Roja el abogado Nahuel Berguier. Él y su colega Gabriela Carpineti fueron este medio día al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 y presentaron el pedido para que se siente a los acusados en el banquillo. “Para fin de año esto se va a hacer efectivo”, agregó Berguier.
Carpineti y Berguier representan como querellantes a Esteban Mur, el padre de Rolando y padrastro de Rodrigo. Pero en la causa las víctimas son más: Amparo Menchaca Martínez, Victoriano Menchaca Martínez, Julián Rojas Surita, Roberto Menchaca Martínez y Corina Menchaca Martínez, la madre de los dos niños y pareja de Esteban. Todos ellos eran familiares oriundos de Bolivia y trabajaron en el taller de la calle Páez 2796 desde 2003 hasta el dia en que el lugar se prendió fuego. Eran explotados por los imputados de nacionalidad surcoreana Sung Yop Lee y su esposa Choi Jung Hee.
Lee, de 57 años, era el dueño del taller de Flores. Está acusado de ser el autor del delito de trata de personas con fines de explotación. Su esposa Hee, de 56, se encargaba del lugar. A ella se le imputa el mismo crimen pero como partícipe secundaria. Pueden recibir una pena de ocho a doce años de prisión por ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas con fines de explotación. “Son empresarios textiles que con el objeto de maximizar sus ganancias acogieron a las víctimas con el propósito de someterlas bajo un régimen de prestación de servicios degradante y extenuante”, expresaron los abogados en el escrito presentado.
“Sung Yop Lee puso el capital para abrir el taller: la locación del inmueble y las máquinas. Ponía la materia prima, es decir las telas. Indicaba que prendas se debían confeccionar y en qué cantidad, pedía mayor celeridad, indicaba los errores en las prendas. Los operarios que se desempeñaban en el taller lo hicieron siempre para y bajo las órdenes del empresario Lee, quien dirigía la producción”, explicaron. Lee se hacía llamar Ayusi y a Hee la nombraban como Ayumá: en su idioma se traduce como señor y señora.
Los abogados detallaron cuáles eran las características en las que se explotaba a la familia Menchaca: “Más de doce horas diarias sin gozar de descanso, precarias condiciones de higiene, ventilación e iluminación y sin extinguidores, salidas de emergencia y señales”.
Los seis adultos que trabajaban en el taller dormían en el mismo sótano en el que murieron Rodrigo y Rolando. Todos compartían un solo baño. Con el poco sueldo que recibían -cuando “el señor” les pagaba- no podían afrontar un alquiler. “Él nos decía cuánto ganábamos por cada prenda”, declaró Esteban en junio de este año durante su testimonial.
Roberto Menchaca fue el primero que conoció al empresario Lee. En 2003, el surcoreano le ofreció trabajo cuando lo vio en la Plaza de los Periodistas de Flores. Roberto era una persona en situación de calle y aceptó el primer ofrecimiento que tuvo: ir a trabajar al taller. Tres años después, sus hermanos Victoriano y Corina viajaron desde Bolivia y empezaron a trabajar con él. Para 2007 ya estaban los familiares Amparo, Julián y Rodrigo, el hijo de Corina, bajó las órdenes de Lee.
Esteban dejó su país en 2009 y se contactó con Roberto cuando llegó a Argentina. Lo pasaron a buscar por la estación de Liniers y en poco tiempo ya trabajaban todos juntos en el taller clandestino. Allí conoció a Corina y juntos tuvieron a Rolando.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad publicó este año un estudio sobre la situación de los talleres textiles clandestinos en capital. “A costa de los derechos de los trabajadores se alcanza una mayor rentabilidad. En el caso de los talleres clandestinos, se suman restricciones severas a la libre circulación, retención indebida de documentos, prohibición de salidas, encierro, condiciones de hacinamiento crítico, alimentación precaria, situaciones de abuso, amenaza, violencia, coacción”. Y en el informe se hace un hincapié en lo que sucedió en la calle Páez en abril de 2015: “La situación de precariedad y clandestinidad de los talleres- que se traduce en graves condiciones de seguridad, hacinamiento y explotación – aparecen como causas inmediatas de los incendios”.
“El contexto en el que se trabajaba en el taller es el patrón de explotación en los sectores de la industria textil. Es una estrategia de las grandes empresas que tercerizan trabajo y aumentan sus ganancias”, explicó el abogado Berguier. Agregó que es importante que el caso llegue a juicio por los niños Rolando y Rodrigo y también para denunciar la vulneración de los derechos humanos. “Vamos a insistir para que el juicio se desarrolle durante 2017”, concluyó.
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