Formas feministas de justicia que no involucran a la policía

En una nueva entrega de "Otrxs dicen, traducciones", el Inecip nos trae el texto escrito por Kristian Williams donde indaga en las respuestas no punitivas de los feminismos: "A medida que el movimiento feminista creció y ganó legitimidad, se institucionalizó y profesionalizó cada vez más y el modelo de acción política de base se convirtió en un modelo de servicio social sin fines de lucro".

Formas feministas de justicia que no involucran a la policía

10/12/2021

Por Kristian Williams

A principios de los años ‘70, mientras las Panteras Negras preparaban desayunos para niñ*s y se entrenaban con armas, el movimiento de mujeres comenzó a organizar su propio tipo de programas de supervivencia. Al reconocer los límites del sistema penal para responder a la violencia doméstica, la agresión sexual y la violación (la indiferencia de la policía, la indignidad del interrogatorio cruzado, las cargas de prueba casi imposibles, las bajas sanciones aplicadas por agresiones, el clima general de culpabilización a las víctimas y la naturaleza reactiva de todo el sistema), las mujeres comenzaron a organizarse para defenderse y mantenerse a salvo entre ellas.

En Detroit, la organización Women Against Rape o WAR (Mujeres Contra la Violación) organizó patrullas callejeras, que acompañaban a las mujeres a sus destinos e intervenían si presenciaban hechos de violencia. También montaban obras de teatro callejeras para visibilizar ideas y conceptos errados sobre la agresión sexual. En Santa Cruz, WAR publicaba mensualmente un boletín con un listado de varones que habían sido identificados como violadores y listas similares aparecieron en otros espacios. Además, en Nueva York, la Campaña Contra el Acoso Callejero (Campaign Against Street Harassment) organizaba boicots en empresas cuyos empleados se encontraban involucrados en este tipo de hechos.

Cabe destacar que, los primeros centros de atención urgente en casos de violación y refugios para mujeres maltratadas, creados en 1972 y 1974 respectivamente, fueron proyectos políticos de organizaciones de base y gestionados por voluntari*s. Ofrecían apoyo, consejos y asesoramiento, lugares seguros para quedarse y, si las sobrevivientes así lo deseaban, asistencia para comunicarse con la policía, hospitales u otras instituciones. Algunas ofrecían clases de defensa personal y realizaron campañas para educar al público sobre la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer. Luego de unos pocos años ya había cientos de centros similares en todo el país.

A medida que el movimiento feminista creció y ganó legitimidad, se institucionalizó y profesionalizó cada vez más y el modelo de acción política de base se convirtió en un modelo de servicio social sin fines de lucro. Los Centros de Atención Urgente en casos de Violación (Rape Crisis Centers) y los refugios para mujeres comenzaron a recibir financiamiento estatal y articular con los departamentos de policía. Como resultado de esta cooptación, la agenda de estos espacios también cambió. La crítica al capitalismo y al Estado pronto desapareció, y el movimiento feminista predominante comenzó a abogar por más policías, el arresto obligatorio en casos de violencia doméstica y penas más severas para los delitos contra las mujeres.

Otrxs dicen: traducciones

En 2001, la existencia de una organización como INCITE! Women of Color Against Violence (INCITE! Mujeres de Color Contra la Violencia) y de un grupo abolicionista carcelario como Critical Resistance (Resistencia Crítica), supuso un desafío tanto para los movimientos anti-carcelarios como para los feminismos. Su comunicado conjunto proclamaba: “Hacemos un llamamiento a los movimientos de justicia social a desarrollar estrategias y análisis orientados a abordar tanto la violencia estatal como la interpersonal, especialmente aquella contra las mujeres”. Sostenían que la dependencia en el sistema penal no había reducido la violencia contra las mujeres, sino que había puesto en peligro aún más a las comunidades de color, y alejado al movimiento de mujeres de sus raíces históricas y lo aislaron de la izquierda, al mismo tiempo depositaba su energía el Estado en lugar de la acción colectiva. También afirmaban que l*s defensor*s de la reforma (o la abolición) de la policía y las prisiones habían marginado a las mujeres de color, y fallado en el abordaje de las necesidades de seguridad de las mujeres y personas LGBTQ.

Aunque esto continúa siendo un desafío al día de hoy, durante los primeros años del siglo XXI emergieron una variedad de intentos por abordar la violencia patriarcal en sus diversas formas. Muchos de estos fueron proyectos a corto plazo, extremadamente localizados, y muchos surgieron en escenas en las que se superponía el anarquismo, lo queer y lo contracultural. Otros se convirtieron en colectivos estables en el tiempo, con principios articulados y profundas raíces en la comunidad.

A partir de 2004, una organización no jerárquica de mujeres jóvenes afroamericanas, afrocaribeñas y latinas de Brooklyn llamada Sista II Sista inició los “Círculos Sista o colectivos de apoyo e intervención para casos de violencia de género a partir de un grupo de sistas, que pueden ser amigas, vecinas y/o compañeras de trabajo”. Por ejemplo, como explicó Paula Ximena Rojas-Urrutia en una entrevista con Chris Dixon: “cuando alguien está siendo acosad*, todo el grupo iba al lugar de trabajo [del acosador] y lo avergonzaba frente al jefe … y le llevaban una lista de demandas de lo que debía hacer. Y funcionaba. Mucho más que llamar a la policía”.

Cerca, en el centro de Brooklyn, el programa Safe Outside the System (“Segur* fuera del sistema”) de la organización Proyect Audre Lorde (Proyecto Audre Lorde), creó una “red de espacios seguros” (“espacios públicos visiblemente identificados y dispuestos para recibir a miembros de la comunidad que huyen de la violencia”) y ofrecía capacitación a emplead*s de las instituciones participantes para concientizar sobre la homofobia y la transfobia, con el objetivo de poner fin a la violencia sin dar intervención a la policía. Más al sur, en Durham, Carolina del Norte, un colectivo llamado UBUNTU (que significa “yo soy porque nosotr*s somos”) buscaba formas de apoyar a los miembros de la comunidad que enfrentaban situaciones de violencia a manos de sus parejas. Como explicaba uno de sus miembros, Alexis Pauline Gumbs, en una entrevista publicada en 2011 en el libro “La Revolución Comienza en Casa: Enfrentando la Violencia dentro de las Comunidades Activistas” (The Revolution Starts at Home: Confronting Violence within Activist Communities), sus tácticas incluían “ofrecer nuestros hogares como opciones más seguras; alojarse en la casa de un* miembro de la comunidad; proporcionar cuidado para niñ*s; investigar opciones legales y alternativas de base comunitarias… y escuchar, y escuchar, y estar listo para acompañar”. También, en conjunto con el Proyecto Ella Baker, trabajaban con residentes de viviendas sociales para crear un consejo de mediación comunitaria y declarar una “zona libre de daños”. Cruzando el país, en Portland, Oregón, el colectivo Hysteria apoyaba a las sobrevivientes en todo lo que necesitaran (ir de compras, llevarlas al médico, quedarse con ellas por la noche), al mismo tiempo que organizaba grupos de apoyo y talleres sobre consentimiento, asesoraba a otros grupos para diseñar políticas de “espacios seguros” y, en ocasiones, se enfrentaban directamente a los agresores. Desde 2002, la Red Noroeste de Bisexuales, Personas Trans, Lesbianas y Gays Sobrevivientes de Abuso (Northwest Network of Bi, Trans, Lesbian and Gay Survivors of Abuse), con sede en Seattle, ha ofrecido cursos de seis semanas de duración sobre habilidades interpersonales. El plan de estudios, que cubre todo tipo de relaciones (incluida la familia, los amigos y las parejas románticas), pone énfasis en la “agencia personal” y en “tomar decisiones y ser responsables de estas”. Northwest Network también organiza grupos de apoyo para personas queer sobrevivientes de violencia doméstica y, con su programa Friends Are Reaching Out o FAR Out (“Amig*s Que se Ayudan”), capacita a amig*s y familiares para que se apoyen mutuamente con el fin de prevenir y responder a situaciones de abuso.

Mientras tanto, en el área de la bahía, la organización Creative Interventions (“Intervenciones Creativas”) pasó tres años estudiando los modelos existentes, diseñando su propio programa y armando un equipo para intervenciones. Su proyecto piloto, que se desarrolló entre noviembre de 2006 y mayo de 2009, los llevó a intervenir en dieciocho situaciones de violencia, reuniéndose con más de cien personas. Basándose en estas experiencias, luego desarrollaron un kit de herramientas para ayudar a otres a realizar un trabajo similar.

La crisis en torno a la responsabilización

En poco tiempo, al interior de una parte de la izquierda, el “proceso de toma de responsabilidad” se convirtió en el enfoque predeterminado para abordar la violencia doméstica, la agresión sexual y otros tipos de abusos. Tal como señala INCITE en su informe sobre responsabilidad comunitaria, estos procesos involucran:

“Una comunidad (un grupo de amig*s, una familia, una iglesia, un lugar de trabajo, un edificio de departamentos, un barrio, etc.) trabajando junt*s para (…) crear y afirmar valores y prácticas que enfrenten el abuso y la opresión y fomenten la seguridad, apoyo y responsabilidad”; “Abordar el comportamiento abusivo de los miembros de la comunidad, creando un proceso para que asuman la responsabilidad por sus acciones y transformen su comportamiento”; “Transformar las condiciones políticas que refuerzan la opresión y la violencia”; y “Brindar seguridad y apoyo a los miembros de la comunidad que son blanco de ataques violentos para que se respete su autodeterminación”.

La mayoría de los procesos de responsabilización, al menos en principio, se enmarcan en lo que se denomina “justicia transformadora”, que no sólo se enfoca en el agresor individual, sino también de la relación abusiva, la cultura y las dinámicas de poder de la comunidad y se contrapone a aquellos enfoques que promulgan la venganza, retribución, o castigo.

Entre los esfuerzos más conocidos y mejor documentados se encuentran los de Philly Stands Up (Filadelfia se Levanta) y Philly’s Pissed (Filadelfia Enojada), dos grupos formados en 2004 después de que tres mujeres fueran violadas en el transcurso de un festival de punk rock durante un fin de semana largo. En razón de ello, su abordaje se desplegó en dos líneas de acción independientes pero vinculadas entre sí: Philly’s Pissed apoyó a las sobrevivientes, mientras que Philly Stands Up trabajó con los agresores, para que reconozcan, comprendan y cambien su comportamiento, y no simplemente castigarlos o echarlos de la ciudad. Trabajar con un agresor tiene siempre como metas a largo plazo que no continúen siendo una amenaza para los demás, que reconozcan lo que hicieron y un esfuerzo permanente para modificar su propia conducta.

La ignorada historia del activismo feminista anticarcelario

En esos procesos a veces las sobrevivientes hacen demandas específicas a los agresores o a quienes los rodean. Cuando eso sucede, la organización Philly’s Pissed “las alienta a imaginar lo que las haría sentir seguras y retomar el control sobre sus vidas, como así también, lo que las haría sentir que la persona que las agredió en ese momento está siendo responsabilizada por sus acciones”. Por otra parte, como detalla en el manual “A Stand-Up Start-Up”, a veces la sobreviviente pide que el agresor escriba una carta asumiendo su responsabilidad, o que lea sobre temas de consentimiento y violencia sexual, o que deje de beber, o que se vaya cada vez que se encuentran en el mismo espacio. También puede solicitar que otros miembros de la comunidad se aseguraren que el agresor cumpla con esos acuerdos. “Otras acciones que han impulsado las sobrevivientes incluyen repartir volantes con detalles sobre el agresor y sus patrones de conducta, convocar a escraches contra el agresor o pedir que dejen de apoyarlo económicamente”.

Casi al mismo tiempo, en Seattle, Comunidades en contra de la Violencia y el Abuso (Communities Against Rape and Abuse, CARA) desarrolló lineamientos y prácticas para abordar la violencia sexual en diversos contextos (aunque, de acuerdo a lo que afirman, con diversos grados de éxito). Por ejemplo, cuando un hombre en posición de liderazgo en una organización comenzó a tener conductas inapropiadas hacia las voluntarias jóvenes, CARA se reunió con él y tuvo conversaciones con las mujeres del grupo. Asimismo, apoyó a una de las jóvenes para que escribiera una carta y la leyera en voz alta durante una reunión de la organización, y armó un programa para sensibilizar acerca del sexismo. Finalmente, el hombre renunció al grupo. En otro caso, para abordar la agresión sexual en la escena punk, CARA emitió una declaración pública de las sobrevivientes, distribuyó volantes denunciando al agresor y organizó un boicot en el bar donde trabajaba. En un tercer caso, luego de una agresión sexual durante una conferencia, facilitaron el contacto entre la sobreviviente y un grupo de mujeres pertenecientes a la organización del evento, lo que permitió advertir que se trataba de una conducta reiterada. Las sobrevivientes se reunieron y exigieron que el agresor fuera apartado de su rol de liderazgo, que buscara asesoramiento, y que la organización incorporara programas de prevención de las violencias. Se cumplieron las tres demandas. En un cuarto caso, después de que varias mujeres fueran agredidas por el mismo varón, todas escribieron sus historias y presentaron un documento a algunos de los líderes de la comunidad. CARA organizó una reunión sobre la cultura de la violación y estos varones le pidieron al agresor que renunciara a su cargo. Luego de un período de tiempo se le permitió reasumir sus responsabilidades.

Se iniciaron proyectos similares en todo el país, coordinados por grupos como Support New York (Apoya a NY), Challenging Male Supremacy Project (Proyecto “Desafiando la Supremacía Masculina”), también en Nueva York; Praxiss y Pink Tape Collective (Praxis y Colectiva Cinta Rosa), ambos en Portland; Burning River Collective (Colectiva Río Ardiente), de Cleveland; Dealing With Our Shit (Lidiando con Nuestra Mierda), de Twin Cities, así como las ya mencionadas y decenas de otros esfuerzos ad hoc sin nombre.

Con el tiempo, la fatiga, la decepción, la desilusión e incluso el cuestionamiento hacia la noción de “responsabilidad”, se extendió dentro de los círculos que anteriormente impulsaban estos procesos. No era inusual escuchar que “los procesos de responsabilización nunca funcionan” o que “siempre salen mal”. Eso no era del todo cierto, pero el sentimiento reflejaba algunas cosas ciertas. Primero, que los procesos que salen mal tienden a salir realmente mal, de forma divisiva y desastrosa, mientras que los que salen bien son más lentos, silenciosos y menos controvertidos; por lo tanto, también menos conocidos y recordados. En segundo lugar, el idealismo que lleva a las personas a perseguir la justicia transformativa también puede producir expectativas poco realistas y, por lo tanto, una inevitable decepción. Además, a menudo faltan metas o estándares específicos, por lo que no siempre está claro cómo sería un proceso exitoso, o incluso qué podría contarse como éxito. Y finalmente, desarrollar un proceso de este tipo es intrínsecamente desafiante, porque es más probable que salga mal antes que bien. Colectivamente nos falta experiencia y todavía estamos desarrollando herramientas, teorías, prácticas y modelos.

La mayoría de los proyectos citados fueron de corta duración. De todos modos, es inusual que los grupos involucrados en procesos de responsabilización y acompañamiento duren más de un par de años. Parte de eso se debe a la naturaleza misma del trabajo: es estresante, insume mucho tiempo, es emocionalmente agotador y, en general, ingrato. También suele ser de carácter voluntario, lo que si bien evita los problemas de la cooptación y profesionalización, también limita los recursos disponibles y a menudo sobrecarga a las pocas personas que intentan mantenerlo en marcha. Como observa Tabatha Millican de Praxiss, recibir dinero de fundaciones o del Estado cambia el trabajo, pero ” no recibirlo también lo hace”.

Genevieve Goffman de Pink Tape Collective, describe numerosas dificultades en los procesos de responsabilización. Algunos son de índole práctica, como la escasez de recursos, la ausencia de sanciones significativas, la falta de claridad sobre lo que se puede esperar del proceso y la tendencia a prometer resultados poco realistas. Otros son estructurales: confiar en el grupo de amig*s inmediatos cuando una persona ajena no directamente involucrada podría ver las cosas con más claridad, o adoptar modelos destinados a comunidades muy unidas y aplicarlos a escenarios de menor cohesión. Por supuesto, también existen errores estratégicos: no intervenir antes de que ocurra una crisis, la suposición errónea de que las consecuencias para el agresor ineludiblemente facilitarán la sanación de la sobreviviente, o sostener procesos que la mantienen vinculada al agresor cuando lo que realmente necesita es distancia. Y están los problemas políticos de reproducir la lógica punitiva, incurriendo en dinámicas de poder no reconocidas, etc. Sin embargo, la mayor frustración es con nuestras dificultades para aprender de la historia, de nuestros errores y de los demás.

Al escribir en The Revolution Starts at Home (“La Revolución Comienza en Casa”), Shannon Perez-Darby de la organización Northwest Network antemencionada, advierte:

“Creo que nuestros modelos de responsabilidad comunitaria han fallado por apresurarnos a la acción. Desde nuestra visión, hemos confundido el deseo de tener comunidades con recursos y conocimiento para responder a las violencias con la realidad de que la mayoría de nosotr*s tenemos escasas habilidades para la asunción de responsabilidad. En otras palabras, creo que nos hemos adelantado”.

En ese mismo libro, Connie Burk analiza críticamente su propia experiencia con Northwest Network, concluyendo que “nuestras organizaciones actualmente no tienen las habilidades, los valores compartidos y las bases culturales para sostener los esfuerzos que requiere un proceso de responsabilidad comunitaria”. Ella recomienda, como paso preliminar, un cambio de enfoque, “de un proceso colectivo para responsabilizar a individuos por su comportamiento, a uno de responsabilidad individual y colectiva para construir una comunidad en la que una responsabilización sólida pueda ser posible, esperada y probable”. Llama a esto el enfoque de “comunidades responsables”. El énfasis aquí está en crear un cambio cultural colectivo como paso previo a la transformación personal, en lugar de proponer el trabajo personal como el medio para el cambio social.

Burk enumera varias características de este enfoque, que incluyen: desarrollo de habilidades; una consideración las conductas, pero también de “contextos, intencionalidades y consecuencias”; la pretensión de “amabilidad y amorosidad” y la negativa a excluir a otr*s; apoyar y fomentar relaciones saludables; “recuperar y promover prácticas culturalmente relevantes” como los rituales de reparación y perdón; y el principio de “compromiso antes que oposición”.

Los esfuerzos aquí descritos, y otros documentados en otros artículos, fueron audaces, ingeniosos y radicales. Buscaron nuevas formas de conseguir justicia que no dependieran del Estado y que evitaran replicar los sistemas estatales a menor escala. Muchos de ellos también buscaron nuevos tipos de justicia, entendidos no como venganza o retribución, sino como transformación personal y social, abordando tanto las causas inmediatas como las raíces más profundas del delito. Entendiéndolos como intentos iniciales más que como resultados finales, resultan alentadores, incluso inspiradores. A pesar de sus decisivas, y a veces trágicas, limitaciones, su sentido último podría estar en el potencial que encarnaron y las posibilidades que abrieron. Vistos como experimentos, al menos parte de su éxito o fracaso dependerá de nuestra voluntad de aprender de sus ejemplos y fortalecerlos. En esta línea, Andrea Smith de INCITE, hablando en la conferencia del décimo aniversario de Critical Resistance, abogó por la “revolución a través del ensayo y error”, que es, por supuesto, la única que existe.

*Este es un extracto del libro de Kristian Williams “Our Enemies in Blue: Police and Power in America” (“Nuestros Enemigos de Azul: Policía y Poder en EEUU”), cuya tercera edición se publicó a través de AK Press en julio de 2015. 

Originalmente titulado “New Book Explores the Overlooked History of Feminist Anti-Prison Activism”, y publicado en Bitch Media, un medio independiente, feminista y sin fines de lucro cuya misión es proveer y promover una respuesta comprometida y reflexiva sobre la cultura popular y los medios de comunicación tradicionales. Traducido por Rosario Gauna Alsina. 

Quienes traducimos no compartimos necesariamente todas las ideas formuladas por l*s autores de los artículos.

** Nota de traducción: “sista” en inglés es un término proveniente del lunfardo que hace referencia a las mujeres afroamericanas y que surge de a la palabra “sister” (hermana).

*** Para ver críticas feministas sobre los procesos de responsabilización, pueden consultarse los fanzines anónimos de The Broken Teapot (“La Tetera Rota”) y Betrayal (“Traición”).