Ecuador

Esta crónica es resultado del taller sobre cobertura transfronteriza del narcotráfico, organizado por la Fundacion Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo, con el apoyo de UNESCO e International Media Support (IMS).

 

Todo aquel que esté en capacidad de poner en marcha un barco que supere los 15 metros de eslora desde los puertos de Manta o Esmeraldas sabe que es cuestión de tiempo: un día lo invitarán a recibir un jugoso salario de 30.000 dólares por trasladar una nave mar adentro, en un punto desconocido al norte o sur de las Islas Galápagos y regresar sin ningún tipo de mercancía.

Capitanes, pilotos principales o patrones costaneros son los únicos que pueden ejercer esos pedidos porque poseen los rangos y licencias que les acreditan operar un barco. Conocen de la autonomía de las naves y saben calcular la cantidad de combustible a utilizarse en base a las coordenadas que equidistan cerca al paralelo de las islas. En esos puntos perdidos es donde se realiza el trasbordo de mercancías a otro tipo de naves que luego buscan las costas de Centro América y México.

Esta historia no ha variado desde el inicio del siglo XXI, a pesar de que existió una base de control e interdicción de drogas de los Estados Unidos en la ciudad de Manta desde 1998 hasta 2009 y tenían el poder de los cielos en el Pacífico centro.

La presencia americana fue un problema para los traficantes que estaban imposibilitados de enviarla directamente al norte, por lo que debieron establecer un polígono de traspaso de sus mercancías alrededor de las Islas y ello se evidenció en las rutas que armaron para trasladas la droga.

El Departamento de lucha antidroga de los Estados Unidos elaboró un mapa de los movimientos marítimos inusuales alrededor de las Galápagos e identificó que 156 naves partieron desde los puertos colombianos del sur y desde Ecuador hacia los cuatro puntos cardinales del archipiélago y luego continuaron viaje hacia Norteamérica. El 60% de los movimientos se realizaron con lanchas rápidas y el restante, supuestamente, en barcos pesqueros.

De los 61 operativos más importantes de incautación de drogas realizados por la Policía ecuatoriana y que fueron noticia en la prensa ecuatoriana en la primera década del siglo (217, 43 toneladas de clorhidrato de cocaína capturadas), sobresalen once ejecutados alrededor de las Galápagos, entre 2005 y 2007. En esas zonas se capturaron 56,7 toneladas, casi un tercio del total decomisado en 10 años.  La operación más importante sucedió el 11 de diciembre de 2005, a 600 millas náuticas al sur, cuando los guarda costas norteamericanos identificaron el barco Magallanes con 20 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Las acciones en alta mar evidencian que el trabajo de la base americana de Manta fue muy eficiente frente al trabajo de la fuerza pública ecuatoriana en los 500 kilómetros de la frontera terrestre con Colombia.

Ese trabajo de interdicción arrojó resultados desde 2007 con una reducción del uso de rutas a través de las Galápagos desde los puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Machala, este último fronterizo con el Perú. En ese año se reportó oficialmente un operativo en alta mar, el denominado “Emperador” a 490 millas al Norte del archipiélago que decomisó 7 toneladas de cocaína.

La acción norteamericana también generó incontables problemas: las organizaciones de derechos humanos denunciaron hundimiento de botes que nada tenían que ver con el narcotráfico y ello profundizó en muchos sectores sociales presiones para que dejen el país.

En julio de 2009, los norteamericanos abandonaron Manta, el resultado fue que las vías marítimas no previstas desde la costa del Pacífico colombiano hacía el norte se incrementaron. El gobierno ecuatoriano ordenó la reestructuración de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, encargada de investigar el lavado y narcotráfico en Ecuador, porque consideró que la embajada americana tenía alta influencia sobre esta.

El caso provocó una crisis diplomática con los estados Unidos. Primero fue expulsado un representante de la embajada americana que servía de vínculo con la policía ecuatoriana y luego la embajadora de ese país debió salir del Ecuador.

En 2010 el gobierno de los Estados Unidos identificó que al menos 302 naves salieron de los puertos del norte de Ecuador con dirección a Guatemala y la frontera con México evitando Galápagos. Los nuevos rumbos de los traficantes no mermaron la importancia del  archipiélago que ya no es controlado como antes. “Es que simplemente ya no toman en cuenta a las islas. Me refiero a las autoridades pero nada se qué pasa con los traficantes en aquel lugar”, comentó un ex oficial de policía.

El cambio de rutas quedó en evidencia cuando las autoridades ecuatorianas descubrieron astilleros en la zona de San Lorenzo dónde se construyeron submarinos, algunos con capacidad de trasladar 4 toneladas. Así,  en julio de 2010, se identificó un sumergible de 25 metros de longitud por seis de alto, impulsado por motores de diesel y eléctricos, días después se encontró otro elaborado en fibra de vidrio, enterrado en una caleta en plena frontera.

 

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La Frontera

Para inicios de este siglo el servicio de inteligencia de la policía identificó los principales pasos terrestres de la droga desde Colombia. Se sabía con detalles que de las plantaciones del departamento del Putumayo la pasta era llevada a laboratorios de refinamiento en el sur de Nariño y de allí se distribuía en decenas de pasos y sederos existentes en la frontera.

También se identificó las rutas más comunes que parten desde Puerto Asís al Río San Miguel, desde la rivera por  pasos selváticos se conectaban con la carretera La Bonita-Julio Andrade que asciende desde la Amazonia a la cordillera y que por muchos años careció de vigilancia. Desde esa vía llegar a la Costa era sencillo porque desemboca en San Lorenzo, Esmeraldas, junto a la zona de Tumaco.

Al revisar los grandes operativos policiales se observa que una mínima cantidad de arrestos e incautaciones se ejecutaron en la frontera amazónica, el tradicional lugar de descanso de las Farc y los grupos paramilitares.

Se observa que Quito, la capital, no fue un centro de acopio, según la información de operativos allí sólo se confiscó 10 toneladas del total. Las rutas entonces buscaban enviar las mercaderías a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, acostada en las faldas de la cordillera occidental y de condición estratégica porque desde allí las carreras y caminos de tercer orden se abren a cualquier punto de la costa pacífica.

Entre los años 2000 y 2010, la provincia en la que más capturas se hicieron fue Guayas, los narcos intentaron usar el puerto marítimo más grande del país. Allí se realizaron 17 de los 61 operativos y decomisaron 27,28 toneladas.

En febrero de 2003 se empezó observar un cambio en el tablero del narcotráfico y con ello el traspaso del poder colombiano al mexicano. El llamado operativo Leñador incautó en Guayas 5.9 toneladas de pasta básica de cocaína y dos millones de dólares, se detuvo a dos mexicanos y dos peruanos y las autoridades aseguraron que la mercancía era del Cartel de Guadalajara.

El operativo aclaró además parte de sus modos de operación: los mexicanos entregaban a sus socios sudamericanos el dinero para comparar la cocaína en Perú y además importaban -vía el puerto de Callao en Perú- un remolque refrigerado que llegó a Guayaquil y en el que debía colocarse la mercancía para su lícita salida desde el puerto hacia otros destinos.

Las empresas utilizadas como parapeto del comercio internacional por lo regular fueron exportadoras de productos del mar, con el tiempo decenas de ellas se constituyeron jurídicamente para traficar.

El caso más emblemático fue el llamado Aniversario, ligado al Cartel de Sinaloa y a un importante empresario de la provincia de Manabí que usó sus compañías y buen nombre para traficar. Se comprobó que el objetivo fue realizar envíos desde el puerto de Manta así como por vuelos privados. Se trató de César Fernández, cercano amigo del gobierno del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Las investigaciones policiales determinaron que Fernández -ex gobernador de la provincia y colaborador en la campaña electoral de Gutiérrez- era la contraparte de los mexicanos.

La policía actuó cuando la droga iba ser embarcada en una aeronave que tenía la ruta Guayaquil, Managua y Guadalajara.

El resto de operativos se ejecutaron en varias zonas del país como Carchi, Esmeraldas, Manabí y El Oro. La fuerte acción policial concretó grandes golpes que fueron creciendo desde 2005. En ese año se ejecutaron 9 grandes operativos que capturaron en cada una más de 100 kilos. En los siguientes dos años lograron 17 golpes, pero en 2008, con el fin de la Unidad de Investigaciones Especiales, el panorama varió.

 

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Los vínculos

Una de las preguntas recurrentes en el Ecuador ha sido de dónde procede la droga. Las respuestas oficiales son las mismas desde hace una década: de Colombia y de Perú. El país era considerado como un país de acopio y sobre todo de tránsito hacia los laboratorios que se encuentran en esas dos naciones. Pero las cosas comienzan a tomar un giro hace cinco años, porque los cuestionamientos públicos toman otro matiz.

En 2009, Francisco Huerta, presidente de la comisión gubernamental para investigar el ataque colombiano al campamento de las Farc en Angostura, señaló que “las Farc y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales”. Dos años más tarde, en 2011, Jay Bergman, director de la Agencia Antidrogas de los EEUU (DEA) para la región Andina, llegó a afirmar que el Ecuador se está convirtiendo en unas “Naciones Unidas del crimen organizado”, ya que traficantes de drogas desde Albania a China lo usan como plataforma para llegar a acuerdos con contrabandistas andinos de cocaína.

Las explicaciones frente a estas dos alertas son esquivas. Sin embarg,o sí hay respuestas preocupantes: la droga de Colombia básicamente es de las Farc y de varios grupos criminales que tienen sus negocios con los carteles mexicanos. No se debe perder de perspectiva –han dicho- que se trata de un negocio transnacional y por tanto que tiene su presencia en donde las condiciones se los permite. Para 2009 en el Ecuador ya regía la decisión presidencial del libre ingreso al país, sin visa, lo que abrió las puertas a muchos extranjeros. A esto hay que añadir las facilidades para conseguir documentos adulterados.

Para 2012, en el Ecuador ya se habían 7 laboratorios de procesamiento. Además, cayeron al menos cuatro avionetas, dos de ellas mexicanas. Una se estrelló con más de un millón de dólares en efectivo. Sus ocupantes eran mexicanos y murieron en el impacto. Un antecedente previo fueron los llamados operativos Huracán Verde y Huracán de la Frontera, donde se capturó una avioneta y el piloto, mexicano, fue procesado en su país de origen.

Las afirmaciones de Huerta también despertaron alertas que tenían que ver con los vínculos políticos del narcotráfico. Hay dos casos emblemáticos: Huracán de la Frontera y Resurgir. Aunque en el primero no se dictó sentencia contra el exsubsecretario de Gobierno, José Ignacio Chavín, hubo declaraciones públicas de él admitiendo que tuvo contactos con las Farc. Él dijo que era por cuestiones políticas, pero ya para ese entonces era conocido de los vínculos de la guerrilla con los negocios ilícitos.

Es por este caso, además, que se volvió a sacar a la luz pública los supuestos aportes de dinero caliente a la campaña de Correa. Hacia 2009 y 2010, se filtraron por redes sociales y medios de comunicación fotografías de la hermana del presidente con uno de los cabecillas que fue arrestado en el operativo policial. Ella siempre dijo que la foto en efecto se tomó en la cárcel y que fue por su labor social. No hubo más información sobre investigaciones al respecto. El gobierno ecuatoriano negó todo vínculo posible, señaló que su política era de cero tolerancia frente al tráfico de drogas y que sus acciones lo demostraban.

Resurgir, en cambio, todavía está en el debate. Uno de los acusados de este caso, Christian Arana, dijo que uno de los terrenos que resultó incautado en el operativo fue de Mario Latorre, quien junto a su hermano Francisco y su padre, mantienen estrechas relaciones con el Gobierno. Los dos últimos son asesor presidencial y embajador en El Vaticano, respectivamente. En los últimos días, se publicó sobre los vínculos del renunciante presidente del IESS y hoy ministro de Industrias, Ramiro González, con personas vinculadas a este mismo caso, que tiene ramificaciones en Barcelona, España.

Las mismas investigaciones policiales dan cuentan que más allá de las vinculaciones políticas se ha determinado que la droga que se negocia es mexicana. El cartel que más se pronuncia es el de Sinaloa, pero esto, por ahora, recién comienza a decirse por parte de las máximas autoridades policiales.