Por Lisandro Tosello.-
Hace más de un mes que las jornadas de Carlos dentro del Establecimiento Penitenciario Nº 6, de la ciudad de Río Cuarto, se volvieron interminables. Carlos no es ingenuo. A sus veintipico sabe que si el virus entra a la prisión puede ser letal para muchas personas. Y ninguno de los que están privados de su libertad y en los grupos más vulnerables quiere correr ese riesgo. Por eso, los abogados defensores apelan a los recursos de prisiones domiciliarias. Pero menos del uno por ciento de los detenidos obtiene una respuesta favorable.
Para evitar los contagios, el Servicio Penitenciario suspendió las visitas a los detenidos. Carlos y el resto de los presos comprenden la circular pero dicen en voz alta que no alcanza. “Acá diariamente rotan los guardiacárceles y los directivos. Ellos pueden ingresar el coronavirus”, dice.
El motín del 25 de abril en la cárcel de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, no les fue indiferente a los presos de Córdoba. Las noticias alborotan las celdas diminutas, que comparten entre privados de la libertad.
Y las declaraciones en los medios de comunicación del juez de Cámara Criminal y Correccional, Emilio Andruet, sobre que no hay riesgo de contagio en la cárcel de Río Cuarto terminaron de erosionar el ánimo de algunos internos.
“Es una locura lo que dijo en televisión. En cuanto haya otra mínima sospecha de contagio se encenderá la mecha que explotará todo. Con el temor que tenemos los presos no sé hasta cuándo vamos a soportar”, dice, y reflexiona: “Si no hay riesgo, para qué están haciendo carpas en el complejo penitenciario y refaccionando las instalaciones de enfermería”.
Carlos y el resto de sus compañeros se levantan a las 6.30 de la mañana todos los días. A las 7 los guardiacárceles toman lista y luego de desayunar, el tiempo pasa a cuentagotas.
Por eso, giran una y otra vez sobre sus pasos en el pabellón “superpoblado” donde están alojados. Luego del “rancho”, la ración de comida gomosa y sin sabor que les dan al mediodía en un táper de plástico, los presos deberán afrontar el resto de la jornada sin hacer nada productivo hasta que caiga el sol.
“Sólo estar sentado y mirar televisión”, repite una y otra vez Carlos.
El joven es uno de los más de 10 mil presos que están alojados en las distintas cárceles que hay en todo el territorio provincial. Fue detenido a los 22 años por un robo calificado y, con suerte, se volverá a reinsertar en la sociedad pisando los 30.
Temor
A sus 38 años, Jesús tiene miedo por el Covid-19. Hace cinco meses que fue trasladado al Complejo Carcelario Nº 2, en Cruz del Eje, luego de pasar los primeros tres años de su condena por robo en la cárcel de Bouwer.
En ese nuevo establecimiento se siente olvidado. Pasa sus días en el pabellón evangélico y habla por teléfono con su familia, luego de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, a través de la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria, entregara 16 mil tarjetas para que se comuniquen con sus familiares y abogados.
“Tienen el mismo miedo que nosotros. Ahí adentro los están maltratando al no tener contacto con nadie, sólo a través del teléfono”, cuenta Débora, la hermana del detenido.
Horas antes de que el Servicio Penitenciario suspendiera visitas, Débora preparó una caja con jabones y otros elementos de higiene para su hermano. Los productos, se queja, nunca ingresaron.
Todos los viernes el Servicio Penitenciario entrega un bidón de 20 litros de lavandina para desinfectar un pabellón completo, que tiene lugar para 50 personas pero aloja a más de 100 detenidos que conviven con cucarachas y ratas.
“La limpieza del pabellón la hacemos todos los presos cuando en realidad el Estado paga a los fajineros por pabellón para que se encarguen de eso”, dice Jesús, y detalla: “Tiene que haber ocho fajineros en total para desinfectar los baños, los pasillos, el patio interno y otro salón que hay, pero no están”.
La preocupación por las condiciones de higiene se sumó a otros pedidos, como las libertades condicionales y asistidas y las prisiones domiciliarias. Para protestar, en algunos pabellones del Complejo Carcelario Nº 1 de Bouwer en las últimas semanas hubo disturbios. Los presos tiraron objetos desde sus celdas.
Rechazos
La noticia de que la Justicia provincial resolvió, al 30 de abril, 350 pedidos de prisión domiciliaria en Córdoba capital generó todavía más incertidumbre. Aunque sólo tres presos resultaron con el beneficio de la domiciliaria.
“Acá les dan la libertad a los presos que tienen plata. A los empresarios y ladrones de guante blanco”, dice Jesús, pensamiento que se replica en muchos internos.
En Córdoba, todos la llaman “la Cámara Coronavirus”. Es el tribunal de la Justicia provincial que se conformó para estudiar los pedidos de prisión domiciliaria y otros trámites a raíz de la amenaza de contagio de coronavirus.
En los últimos días –con feriados y fines de semana incluidos–, este tribunal recibió 380 pedidos para abandonar la prisión en diferentes modalidades: cese de prisión preventiva (libertad) o prisión domiciliaria o habeas corpus correctivo por agravarse las condiciones de alojamiento. En los tres casos el motivo es el mismo: la prevención frente a la pandemia.
Los fundamentos de los abogados defensores son las edades avanzadas de algunos internos y las enfermedades crónicas que puedan ubicar a los detenidos en los grupos más vulnerables.
Al igual que Carlos o Jesús, el resto de los detenidos dicen que están asustados. Los teléfonos están colapsados y los presos hablan con sus defensas para negociar recursos que les permitan continuar con sus condenas fuera de los complejos penitenciarios. Durante abril, la gran mayoría de las presentaciones de este tipo fue rechazada por la “Cámara Coronavirus”.
Esta crónica fue hecha en el marco de la beca de capacitación en narrativas periodísticas de Cosecha Roja y también se publicó en el diario La Voz.-
