Una de las sedes de San Camilo.
Axel está en sus 20 y tiene un consumo problemático. Vivía con su mamá en una casa en San Isidro. Una tarde, tres hombres que lo superaban en tamaño entraron a su habitación.
-Agarrá un poco de ropa que nos vamos-, le dijeronn antes de bajarlo a empujones por la escalera. Su mamá miraba la escena y lloraba.
-Ahí está tu vecino, saludalo como si nada-, le ordenaron antes de meterlo a un auto.
Lo manejaba Martín Iribarne, el dueño de San Camilo, una comunidad terapéutica de Pilar que detrás de su aspecto amigable escondía celdas, torturas y sobremedicación con psicofármacos para las personas que se alojaban allí. Felipe Mariñasky, de 44 años, y Saulo Rojas, de 23, nunca lograron salir: murieron en 2013, con once días de diferencia.
Sus historias dan cuenta del andamiaje con que funcionan algunas de las comunidades terapéuticas en las que el Estado deslinda su intervención ante los consumos problemáticos. El periodista Pablo Galfré las relata en su libro publicado en abril “La Comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación”.
Dos diputados presentaron un proyecto para permitir la internación sin consentimiento de personas con consumos problemáticos en instituciones como las que Galfré relata en su libro. Lo autores son los diputados peronistas Horacio Alonso, de Unidos por una Nueva Argentina, y Franco Caviglia, de Juntos por Argentina.
Según la Federación de Organismos No Gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas (FONGA), existen, como mínimo, cinco de estas organizaciones y pseudo organizaciones ilegales por cada institución que se encuentra habilitada por las instancias municipales, provinciales y nacionales correspondientes. Ante la falta de dispositivos estatales suficientes para abordar estos casos, muchas de las personas con consumos problemáticos terminan internadas en esos lugares.
Cartel en la Sede Derqui de San Camilo
“Estamos muy preocupados porque este proyecto duplica una cantidad de cuestiones ya contempladas en la ley de Salud Mental y ahora pareciera que los consumos problemáticos debieran tener una legislación aparte. La propuesta de estos legisladores relativiza muchas de las cuestiones que la ley ya plantea con claridad en término de los derechos de resguardo de las personas y nos preocupa que se instale una idea falsa de que la legislación vigente impide las internaciones, cuando esto no es así”, dijo a Cosecha Roja Graciela Touzé, presidenta de la asociación civil Intercambios.
La ley nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada tres años después, representó un avance en la mirada del Estado sobre los consumos problemáticos porque propone un paradigma de salud integral en el que la sustancia no es el aspecto central, sino la restitución de derechos de los sujetos que atraviesan situaciones de consumo. “El artículo 14 contempla las internaciones compulsivas en caso de que la persona represente un riesgo para terceros o para sí mismo, entonces la campaña que se está haciendo es un bluf que busca volver a un estado anterior, cuando se permitía internar a un paciente sin siquiera evaluarlo: iba una madre diciendo que su hijo estaba en situación de consumo, lo metían en el baúl de un auto y se lo llevaban internado”, explicó a Cosecha Roja la psicoanalista Miriam Maidana.
El proyecto de Alonso y Caviglia altera los requerimientos que la ley de Salud Mental establece a la hora de pensar en una internación involuntaria, porque pasa de considerarlas una medida terapéutica excepcional, en caso de que no sean posibles abordajes ambulatorios, a entenderlas como una medida cautelar preventiva, lo que para Touzé “abre muchos interrogantes en torno a la garantía de los derechos de las personas con consumos problemáticos y roza la privación ilegítima de la libertad”.
Foto tomada por la Comsión Provincial por la Memoria en la sede de Derqui de San Camilo
“Sancionar otra ley que promueva la internación como respuesta estandarizada es un retroceso porque implica penalizar a los usuarios de drogas, internándolos por la fuerza. Tenemos que analizarlo a la luz de lo que viene pasando porque es darle carta blanca a la policía para estar deteniendo a pibes que estén fumando un porro en una plaza”, dijo Galfré a Cosecha Roja.
No es la primera iniciativa que intenta avanzar en este sentido: el 19 de julio del año pasado, el Ministerio de Salud dejó sin efecto una resolución de 2015 para acotar las internaciones en el área de salud mental y puso al psiquiatra Andrés Blake, opositor al paradigma de desmanicomialización, al frente de la aplicación de la ley. Dos meses después, el 21 de septiembre, la Asociación Antidrogas de la República Argentina presentó una nota en la Comisión sobre Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar la derogación del artículo 4 de la ley de Salud Mental, que es el eje del cambio de paradigma en torno a los consumos para dar lugar a un abordaje integral de la salud, con el aval de los legisladores Alejandro Abraham, Cornelia Schmidt Liermann, Horacio Alonso y Federico Masso.
“No hay que ser ingenuos, sabemos que el proceso de aprobación de la ley fue difícil, con muchos sectores en contra que nunca se convencieron del avance que representó y que, en esta coyuntura, están tratando de dar marcha atrás”, explicó Touzé.
“Si el proyecto avanza, el Estado se va a correr de la responsabilidad que tiene en el abordaje de los consumos problemáticos y apoyarse en estas comunidades que, muchas veces, son centros de tortura y no diferencian el consumo problemático del que no es. También tenemos que preguntarnos para quién son problemáticos porque la mayoría de las veces el problema no es con la droga, sino con la familia, con la falta de trabajo, con el barrio y eso no se resuelve con una internación”, dijo Galfré.
