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Cosecha Roja.-

Yarim Montero y Giovanna Arroyo son peruanos. En su casa del Barrio Olimpo cosían ropa para La Salada y vendían gaseosa y cerveza por la ventana. Los policías de la Comisaría 10 de Ingeniero Budge les cobraban una cuota fija para dejarlos trabajar. Si no pagaban, la amenaza era denunciar que tenían un taller clandestino y un comercio, y deportarlos porque no tenían documentos. En marzo de 2013 la pareja no quiso pagar más y los policías allanaron la casa sin orden judicial, les plantaron dos kilos de cocaína y los detuvieron. Pero el caso se dio vuelta: la justicia condenó ayer a tres suboficiales y dos principales a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por haberles armado la causa.

“Nos llevaron en un patrullero esposados a mi señora, embarazada de cinco meses, y a mí. Nos trasladaron con mi hijo. Todos a la Comisaría de Budge. Allí estaban los testigos del operativo que hacían chistes y tenían un tono amistoso con los policías”, contó Yarim durante el juicio, que cubrió Diario Conurbano. El 5 de marzo amanecieron detenidos y declararon ante el fiscal de instrucción Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Fiscal 21.

A Domínguez la versión de la policía no le cerraba. “La pareja declaró que no tenía nada que ver y que los habían amenazado”, contó a Cosecha Roja. Entonces fue a conocer la casa de la familia, a quince cuadras de la feria y a veinte de la Comisaría: “era un taller textil, no tenía apariencia de ser un lugar que vendía droga”, dijo. Después allanó la comisaría y empezó a atar cabos: encontró cuarenta envoltorios de cocaína en un cajón, similares a los que les habían “secuestrado” a Yarim y Giovanna. “Estaban sin rótulo, no tiene nada que hacer eso en una comisaría”, dijo el fiscal.

El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 9 de Lomas de Zamora y la fiscal Marina Rocovich. Durante las dos semanas de debate oral se demostró que el procedimiento de la comisaría era corriente: los policías juntaban droga de los operativos y luego la guardaban para cuando necesitaran plantarla. Mientras tanto, amenazaban y extorsionaban. Los vecinos de la zona dicen que recaudar es su especialidad: “Viven de dos o tres detenidos que van cambiando”, dijo a Cosecha Roja Isabel Vázquez, de Madres contra el Paco. Según Vázquez, los montos que la policía pide en el barrio van desde 500 a 3000 pesos para que a los detenidos no los violen o no les peguen. Otras veces piden en especias: “A una madre le dijeron que se encontrara en una esquina con la mujer de un policía y le diera un reproductor de DVD y 700 pesos para que soltaran al hijo”, contó.

“¿Qué es esto, peruano?”, le preguntó aquel día un policía a Yarim mientras le mostraba la droga. “Es tuyo”, agregó otro oficial. “Nosotros habíamos sufrido dos pedidos de plata de parte de la Policía en los meses anteriores. Cuando estos agentes llegaron mi mujer les gritó que no les iba a dar más plata. Por eso creo que pusieron la droga”, contó Yarim.

Los policías -detenidos en el penal de Olmos- son Damián Carrizo, Carlos Giménez, Alberto González, David Segovia y Walter Giani. La condena que recibieron es por “allanamiento ilegal, tenencia ilegítima de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad con abuso funcional y falsedad ideológica de documento, todos en concurso real entre sí”. El argumento de la defensa fue que “actuaron de acuerdo a Derecho” y que ingresaron a la vivienda “persiguiendo a un sujeto armado”. La hipótesis no pudo comprobarse durante las audiencias.

Foto: Sub Cooperativa de fotógrafos