La figura de Amancay Diana Sacayán condensaba la lucha por los derechos de las personas trans, la potencia de su discurso político y la rebeldía frente a las instituciones que llevó a sus hermanos menores a sumarse a la militancia por los Derechos Humanos y LGBTQI. En octubre de 2015 fue asesinada en su departamento del barrio de Flores. Hoy, dos años y medio después, comienza el juicio contra uno de los tres acusados.
La causa está caratulada como “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo”. Es la primera vez en la historia argentina que una investigación judicial reconoce la figura de travesticidio y de crimen de odio en el caso de una persona del colectivo travesti trans.
Según los fiscales Matías Di Lello y Mariana Labozzzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Marino y otro joven asesinaron a Sacayán entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015. El cuerpo fue encontrado dos días después. Estaba atada de pies y manos. Tenía 14 puñaladas en el cuerpo y golpes y cortes en los brazos, por lo que se supone que se defendió antes de que la mataran.
Marino y el otro sospechoso fueron detenidos 15 días después tras una serie de operativos en Morón. En la indagatoria Marino reconoció que había conocido a Sacayán durante un tratamiento por adicciones y que había tenido algunos encuentros sexuales con ella pero negó haberla matado. Dijo que cuando fue al departamento, Diana estaba con otro hombre, con el que discutió. Según su versión ella sacó un cuchillo, el hombre se lo arrebató y la apuñaló.
Para los fiscales, Marino la asesinó “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.
La otra pata de la investigación por el crimen es la causa que lleva adelante la fiscal Cristina Caamaño para dilucidar la responsabilidad en el crimen de Diana de los otros dos procesados, Félix Alberto Ruiz y Federico Cardozo, que seguirán siendo investigados pero no irán a juicio todavía.
Diana fue una referente social y política todo terreno: militó por los vecinos de La Matanza, luchó contra la contaminación del Ceamse, quedó a las puertas de ser electa Defensora del Pueblo de ese municipio del Conurbano bonaerense en 2012 y ese mismo año se convirtió en la primera travesti en recibir el documento con su identidad de género autopercibida de la mano de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de sus principales legados fue conseguir, el 17 de septiembre de 2015, menos de un mes antes de su crimen, la sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans Travesti en la Legislatura bonaerense. La legislación que lleva su nombre como homenaje establece que al menos el uno por ciento de los empleos de la administración pública deben ser reservados para personas del colectivo. La inclusión laboral para mejorar la calidad de vida de las personas trans era una de las obsesiones de Diana, la militó durante décadas. A dos años y medio de su sanción la ley aún no fue reglamentada.
