Cosecha Roja.-
Paulina Lebbos desapareció en Tucumán siete años atrás, después de tomar un remis a la salida de una disco en la zona del ex Abasto. Días mas tarde, su cuerpo apareció al costado de la ruta provincial 341. La familia de la víctima acusa a la pareja, Cesar Soto de haberla entregado para una fiesta sexual en la que habrían participado “hijos del poder”. En los siete años que pasaron solo acusadas dos personas. La familia de Paulina nunca pudo acceder a la causa porque la justicia provincial considera que que es un expediente “reservado”. Ellos han solicitado casi 200 pruebas que no fueron incorporadas a la causa.
En la noche del 26 de febrero del 2006, Paulina salió a bailar. A la vuelta tomó un remis que dejó primero a su amiga Virginia Mercado en la casa y continuó hacia la casa de su pareja, con quién tenía una hija de cinco años. Eran cerca de las siete de la mañana. Ese es el ultimo rastro con vida que se conoce de la joven tucumana de 23 años.
El 11 de marzo, unos cuidadores de caballos de polo de la localidad de Tapia descubrieron el cuerpo a la vera de la ruta provincial 341. Había sido arrojado a un barranco y quedó atrapado por la vegetación unos metros más abajo. Se encontraba en muy avanzado estado de descomposición, con varias heridas de arma blanca, quemaduras de cigarrillos y desprendimiento de cuero cabelludo. El cadáver también presentaba signos de haber sido atacado por perros y otros animales de la zona y estaba cubierto con cal, lo que demostró que intentaron quemarlo.
El principal sospechoso es Soto, quien habría entregado a Paulina para una fiesta sexual en una finca cercana a la capital.
Paulina era hija de Alberto Lebbos, funcionario de rango menor del Gobernador José Alperovich. Desde el principio, el padre de la chica denunció diversas irregularidades en la investigación, acusó a Alperovich de “proteger a los encubridores” del crimen y le reclamó que “diga el nombre del asesino”. En abril del 2006, el Gobernador dijo que sabía quién había asesinado a Paulina y que pronto revelaría el nombre. Nunca lo hizo.
Entre otras medidas, la familia Lebbos reclamó que se hiciera un cruce de llamadas para saber con quién había hablado Soto antes del crimen. La medida nunca se tomó. Ante la aparente parálisis de la investigación, desde el Programa de Lucha contra la Impunidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se pidió este mes tener acceso al expediente del caso Lebbos.
El abogado Bernardo Lobo Bugeaucomo fue designado para interiorizarse del caso, quien habia sido secretario de Derechos Humanos en la provincia cuando Paulina desapareció y fue el único que renunció al cargo en apoyo a las denuncias de Lebbos –quien a su vez también renunció a su propio cargo como subsecretario de la juventud-.
Entre las irregularidades que se conocen del caso, en la provincia recuerdan cuando el primer fiscal interviniente, Alejandro Noguera, fue descubierto por los medios de comunicación visitando la residencia del Gobernador a cinco dias de aparecido el cuerpo de Paulina. En el momento declaró que fue a “pedirle ayuda”.
Esta situación llevó a la Corte Suprema provincial a alejarlo del cargo, pero en su lugar fue nombrado otro fiscal conocido por archivar expedientes.
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