La provincia de Buenos Aires comenzó hoy un debate histórico: cómo crear una nueva policía que garantice combatir el crimen organizado en todas sus formas. Con más de mil asistentes y 125 oradores entre diputados y senadores de diferentes partidos, organizaciones sociales y políticas, especialistas y funcionarios del poder judicial, el primer Foro por una Seguridad Democrática versó sobre cómo deberá ser la futura Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, bautizada “La Legislatura sale a la calle”, busca garantizar la participación comunitaria en la creación de una nueva fuerza, capaz de “investigar delitos complejos y los que son cometidos por funcionarios policiales”.

El foro se hizo en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y estuvo encabezado por el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y el vice Gabriel Mariotto, que explicó que en el próximo mes y medio se realizarán foros similares en cada distrito electoral de la provincia. También participaron el rector de la UNSAM, Carlos Ruta, y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Todas las ponencias serán publicadas una página web para ser usadas como herramienta para enriquecer el texto de la ley.

El proyecto original es una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y luego fue tomada por el poder ejecutivo bonaerense, que le hizo poder ejecutivo bonaerense. En el Foro se discutieron varias de ellas: desde algunas que cuestionaban el nombre de la institución, otras que propusieron incorporar más delitos a la órbita de la futura fuerza, hasta las que se preocuparon por ser específicas en qué tipo de organización interna, mecanismos de control y recursos tendría que tener.

Alejandro Mosquera, de la CPM, fue uno de los primeros oradores. “Estamos -dijo- creando un nuevo paradigma de investigación penal, separando a la policía bonaerense de la investigación, una policía sospechada, vinculada en muchos casos al delito o su regulación, o ineficaz y por lo tanto sostén de los circuitos de impunidad”.

Luego se refirió a distintos aspectos que recogerían gran parte de los oradores. El primero de ellos es la creación de organismos de control y los mecanismos de elección de los cargos directivos de la nueva policía. El juez Federico Arias coincidió en que “la participación deber ser profundizada en todos los ámbitos de aplicación de la policía judicial, mediante audiencias públicas”, y que “debe mantenerse el proyecto de la creación de un Observatorio propuesto en el proyecto de la CPM”.

El Fiscal General de San Isidro, Julio Novo, señaló que “los jueces y fiscales no estamos acostumbrados a que nos pidan rendición de cuentas. No somos medidos en orden a la productividad y el resultado de nuestras investigaciones. El observatorio reúne la posibilidad de que se pueda analizar en una misma mesa cómo ha sido el funcionamiento de la policía judicial y cómo ha sido direccionada”.

Marcela Perelman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que “da la sensación de que empieza a haber un cambio de paradigma en la provincia, que empieza a cobrar forma un modelo democrático de policía y justicia”, y se lamentó de que si hoy se investigara bien, ya sabríamos que pasó con Luciano Arruga y Julio López, entre otros casos. Entre sus propuestas, se destacaron la de mantener “lo mecanismos de selección que se propusieron” en el proyecto original, y recordó que “hace años que el CELS y otras organizaciones proponen que se abra la participación legislatura para la elección de jueces y fiscales”.

Otro de los aspectos que recorrieron varias de las intervenciones fue la necesidad de considerar la creación de la Policía Judicial como un primer paso para una reforma integral de la justicia. “Este proyecto deja al margen a los defensores y los jueces: no debería servir sólo por la parte acusatoria”, dijo Mosquera. “Consideramos que esta policía es parte de una reforma integral del sistema de justicia democrática que se completa con la autonomía de la defensa para lograr una igualdad de armas entre los fiscales y los defensores”.

“Los peritos”, dijo Victor Violini, presidente de la Cámara de Magistrados, “deben trabajar con el investigador, no deben depender ni de la Procuración ni de la Corte. Hoy sucede que muchos instructores judiciales son utilizados por la procuración para iniciarle sumarios a los fiscales que hacen cosas que a la procuradora no le gustan. La impunidad no es sólo un tema de la policía de la provincia. También es un tema de la Procuración que mira para otro lado”.

Mauro Ocampo, un ex detenido, planteó que “las estructuras de las fuerzas de seguridad actuales están contaminadas con prácticas del pasado, nocivas”. Varios de los oradores recogieron el espíritu de sus palabras. Julian Axat, defensor del Fuero Penal Juvenil, llamó a la que la nueva policía no sea militarizada. “No tiene que estar basada no en la obediencia debida”, dijo, “sino en los derechos humanos”. Antes, Mosquera había dicho que había que generar mecanismos para prevenir la tortura, y que “el control de las organizaciones e instituciones sirva para terminar con una violencia institucional que es una marca en nuestra provincia”.

Los nuevos foros serán anunciados en los próximos días. El debate promueve la intervención de cualquier ciudadano que desee hacer uso de la palabra. Para los próximos foros se pueden inscribir vía correo electrónico a foropoliciajudicial@senado-ba.gov.ar.

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