-En Hurlingham, un ex agente de seguridad acribilló a seis integrantes de su familia.
-Otro vigilador privado fue acusado de asesinar a dos adolescentes y dejar gravemente heridas a otras dos en Florencio Varela.
-En la fiscalía de La Matanza robaron 40 armas de un “depósito” judicial que no contaba con mínimas medidas de seguridad.
-En Bahía Blanca, un policía local que acababa de terminar “con éxito” un reentrenamiento mató de varios tiros por la espalda a su padre, luego de haber golpeado a su mujer.
Todo ocurrió en los últimos 15 días.
“Hay una profunda preocupación por la falta de políticas activas que pongan freno a la peligrosa proliferación de armas de fuego. Cada día, las crónicas de sucesos dan cuenta de crímenes causados por armas en manos de personas que las usan para delinquir. Estos hechos se producen en un contexto en el que el Estado ni siquiera conoce cuál es la realidad sobre el mercado legal de armas en la Argentina”, dijeron desde la Red Argentina para el Desarme (RAD).
Desde la entidad, explicaron que la mitad de las casi 800.000 personas habilitadas para tener armas de fuego tienen permisos vencidos, lo que vuelve más difícil el control estatal y suma más imprecisión en relación con el universo sobre el cual se debe ejercer aquel control. El descontrol se maximiza en el mercado ilegal.
“Sean legales o ilegales, en la Argentina se cobran ocho vidas por día. El Estado no tiene capacidad de fiscalizar las que circulan en manos de la sociedad civil ni controlar a quiénes habilita a tener un arma, o de investigar y perseguir efectivamente a quienes quedan al margen de la ley. Es sabido que el mercado ilegal se alimenta con armas del mercado legal”, dijeron.
En el Poder Ejecutivo Nacional incumple la reglamentación de la ley que, en octubre de 2015, creó la Agencia Material de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que reemplaza al RENAR para fortalecer las tareas de registración y control del mercado de armas. Además, “el Estado, no hizo nada para poner en marcha en tiempo y forma la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de armas, perdiendo casi un año y medio de los dos otorgados por la ley. El período otorgado por la ley es del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, y aún no se inició”.
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