Por Daniela Díaz Rangel*
Los pañuelos verdes inundaron el centro de Bogotá. Los gritos estremecieron las calles y un canto al unísono irrumpió la solemnidad de la tarde fría: “Es legal, el aborto en Colombia es legal”. Las lágrimas desbordaron la escena. Éramos muchas, estábamos extasiadas de felicidad y nos arropó un abrazo físico, simbólico y colectivo. Fuimos partícipes de la victoria más reciente para las mujeres e identidades diversas en Colombia y América Latina.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, desde el 22 de febrero la Corte Constitucional colombiana despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación. Mantuvo después de ese tiempo las tres causales ya ganadas: peligro para la salud o la vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación.
Después 520 días de obstáculos, dilaciones, tensiones y una pelea ardua en las calles, las Cortes y los medios, llegó la Sentencia C-055 de 2022, originada gracias a la demanda interpuesta por Causa Justa, un movimiento de más de 80 organizaciones de mujeres que de forma periódica en los últimos tres meses se manifestó frente al Tribunal. Asistían todo tipo de mujeres, desde las más jóvenes hasta las precursoras del movimiento. Entre ellas Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, quien desde principios de los 80 ya marchaba a favor de los derechos de las mujeres en el país. Los antecedentes de la lucha por el aborto libre se remontan justamente a esa misma época. Cuando en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres de 1978 se incluyó el tema en la agenda y tres años después se tramitó lo que se considera primer proyecto de ley en el Congreso que pretendía legislar sobre la situación del aborto en Colombia.
Luego de este intento presentaron varios más para descriminalizar vía proyectos de ley en el Congreso. Ninguno prosperó. Pasaron los años y rendirse no era una opción, así que renovaron las estrategias, enfocándose en el litigio estratégico y así nació Litigio de Alto Impacto en Colombia, la Inconstitucionalidad del Aborto (LAICIA). Se trataba de una agrupación de varias organizaciones de mujeres lideradas por la abogada Monica Roa de Womens Link Worldwide. En 2006 lograron un precedente histórico: la Sentencia C-355 que despenalizó el aborto bajo tres causales amplias. Fue una de las normativas más progresistas de Latinoamérica para la época.
Sandra Mazo lo recuerda como un hito. Ella fue parte de LAICIA en representación de Católicas Por el Derecho a Decidir, una red latinoamericana con sede en doce países y que hace presencia en Colombia desde principios de los 2000 y ahora integra también de Causa Justa. Durante estos veintiún años, se han posicionando de manera férrea por el aborto libre, convirtiéndose en un referente clave en la reconciliación entre la religión y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Una tarea nada fácil, pero sí crucial en una sociedad como la colombiana, de mayorías católicas y donde la opinión de la Iglesia tiene un lugar privilegiado. La prioridad desde sus inicios y teniendo en cuenta sus raíces religiosas ha sido “situar la conversación del aborto, desde los derechos de las mujeres, desde el derecho a decidir. Ser una voz sin miedo”, dice su directora.
Esa valentía ha sido por definición una característica del activismo por los derechos de las mujeres en Colombia, donde pese a la normativa, abortar sigue estando en el código penal como un delito, criminizalizando a más de 2.000 mujeres en los últimos dieciséis años. Incluso, en esta última demanda Causa Justa exigía la eliminación del delito pero la nueva sentencia no contempla esa medida. Sí, tiene un efecto inmediato y retroactivo, lo que significa que se anulan los procesos penales por abortar existentes. Una deuda con quienes han sido perseguidas por ejercer su autonomía.
Abortar en Colombia: el limbo entre el derecho y el delito cuesta 200 dólares
A esta persecución, se le sumó en muchos casos la obstaculización e invisibilización constante. A esas violencias le viene haciendo frente desde 2019 la Alianza Trans Masculina Abortera de Colombia (ATAC), un grupo de identidades trans masculinas y no binarias que lucha por reivindicar y defender sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente el derecho a abortar. Sus líneas de acción van desde espacios de incidencia política, pedagogía hasta trabajo investigativo junto a otras organizaciones. Un ejemplo fue el reciente sobre el acceso al aborto seguro para hombres trans y personas no binarias que hicieron con Profamilia, donde se demuestra la importancia de su trabajo: “Este estudio exploratorio evidencia la necesidad urgente de eliminar los prejuicios, la discriminación y la violencia que produce barreras de acceso y afectaciones en salud a lo largo de la vida de las personas trans y no binarias”.
En la primera línea, junto a ATAC y numerosas apuestas más, se han hecho un lugar especial Las Parceras, una red de acompañamiento de aborto en casa, que oficialmente se organiza en septiembre de 2017, pero desde 2016 venían formándose de la mano de Las Comadres, sus análogas en Ecuador. En estos seis años han logrado disputarse los imaginarios negativos y posicionar narrativas nuevas alrededor del aborto. Dice Martina, una de sus integrantes: “Seguridad también es hacerse un procedimiento sin ningún tipo de señalamiento, sin sentirse juzgada, sin sentir que una tiene que justificar su decisión. Desde Las Parceras y muchas redes de acompañantes hemos estado en ese lugar de entender que la clandestinidad no significa inseguridad necesariamente”.
Para su primer informe (2018 – 2019) habían acompañado 654 mujeres. Ahora, en la construcción del segundo, encontraron que esa cifra casi se duplica, algo que para ellas evidencia la vigencia de su trabajo de cara a esta última decisión. Sin titubeos dicen que su presencia es más vital que nunca y seguirán acompañando abortos antes, durante y después del procedimiento todos los días de la semana en un horario de 17 a 22, a través su canal principal, la línea telefónica 57 3187505775.
No muy lejos de esa opinión se sitúa Sandra o Beatriz. Para la mayoría de activistas, esta gran victoria implica un trabajo de la misma magnitud. Las tareas apenas comienzan, no todo está ganado. El siguiente paso será aterrizar y acuerpar este fallo para las mujeres y otras personas que abortan, en especial las más empobrecidas, de la ruralidad, de diversas expresiones de género, las racializadas, para quienes la penalización del aborto siempre se ha traducido en mayor violencia. Y tal cual se exigió en la demanda original, será una causa justa seguir peleando la eliminación del aborto como delito del código penal colombiano.
Mientras, este próximo 8 de marzo no tendrá precedentes en Colombia. Gracias a las generaciones que abrieron este camino y a las que retomaron sus banderas después de medio siglo podremos decir: ¡es ley! ¡es ley gracias a una marea verde que avanza por Latinoamérica y no se detiene!
Bien lo dice el refrán, somos como las aguas: cuando nos juntamos, crecemos (y vencemos).
*Fotoperiodista radicada en Bogotá enfocada principalmente en temas de cine, género, paz y movimientos sociales.
