El oficio que el 1 de septiembre salió del despacho del titular de la Fiscalía de Homicidios 2 de Tucumán, Carlos Sale, dice así: “Dispongo oficiar a usted a fin de que en el plazo de 48 hs se solicite a todo hospital caps y/o nosocomio público a su cargo, informe el ingreso en guardia de personas del sexo femenino con signos compatibles de aborto o parto reciente en fechas 30/08/2022, 31/08/2022”. La nota está dirigida al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de Tucumán.
Es decir: en el contexto de la investigación de una causa caratulada como “homicidio simple”, un fiscal pide que se revele información privada de las pacientes que pasaron por el sistema de salud público. La causa se abrió por el hallazgo de un feto en la vía pública.
La Fundación Mujeres por Mujeres denunció penalmente al fiscal Sale por “instigación a la comisión del delito de violación al secreto profesional y violencia institucional de género”.
En diálogo con Canal 10 de Tucumán, la presidenta de Mujeres por Mujeres, Soledad Deza lo explicó así: “Toda la documentación clínica y toda la información que hay en el sistema público y privado de salud sobre las personas que están internadas les pertenece a ellas. Y ni el Poder Judicial ni el Ministerio público fiscal pueden servirse de esa información para iniciar investigaciones penales”, detalló.
Es que la ley 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud” establece en su artículo 14 que las historias clínicas pertenecen a les pacientes. Y el artículo 10 inciso 2 de la ley 25.326 de “Protección de Datos Personales” el deber de guardar confidencialidad cede cuando así lo autorizan les pacientes o por resolución judicial expresa “cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública”. En este caso, aseguran desde la Fundación, “no concurren los motivos mencionados ni existe orden judicial que lo autorice, tal como también exige la ley nro. 27610”, de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Deza recordó que en Tucumán ya hubo casos de violación del secreto profesional. El más resonante y masivamente repudiado fue el de Belén, la joven criminalizada por un aborto espontáneo que pasó 29 meses presa.
El requerimiento del fiscal es, además, clasista, denuncian desde la Fundación, porque sólo incluye al sistema de salud público y excluye al privado.
“Queremos que esta política criminal que se sustenta en un delito como es la violación del secreto profesional termine, porque sino lo que ocurre es que las personas que están en situación de peligro de su salud pueden elegir no acudir a buscar ayuda sanitaria por el miedo de caer presas”, agregó Deza.
El comunicado que difundieron desde la Fundación es claro: “la criminalización de mujeres por eventos obstétricos adversos debe cesar en todo el país para que el derecho a la salud no sea una simple promesa”.
