
Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, explica: “Generalmente son los cuadros inferiores los que motorizan los mecanismos de reclutamiento. Los mandos más altos lo saben, no se meten porque tal vez están metidos en delitos más complejos. Pero de todos modos hay complicidad”.
Los nombres de los policías implicados en la causa y que continúan en la fuerza son: Néstor Guillermo Díaz (Comisaría 1º de Monte Grande), Ariel Alfredo Herrera (Comisaría 4ta de Morón), Sergio Omar Fecter (Comisaría 1° de Lanús), Daniel Alberto Vázquez (Comisaría 2da de Lanús), Damián Marcelo Sotelo (Comisaría1era de Morón), Hernán Gabriel Zeliz (Comisaría 3era de Moón) y Damián Alfredo Borrego (Comisaría Noroeste segunda de Ramos Mejía).
Estos agentes figuran en la causa como testigos. Solo estuvieron separados de la fuerza por un tiempo breve. Fue entre el 15 de abril y el 7 de agosto de 2009. El Ministerio de Seguridad los desafectó por el Decreto 3.326 que los sancionó por cometer “faltas graves”. Pero la medida fue levantada a los 4 meses de decretada.
“El destacamento donde desapareció Luciano fue abierto por un pedido de más seguridad por presiones de los vecinos. La consecuencia de esa presencia policial demandada fue la desaparición de un joven”, reflexiona Pimentel.
