El viernes de madrugada en la ribera de Quilmes cientos de efectivos de la policía bonaerense entraron a patadas y barretazos a las casas de varias familias de Villa Luján para secuestrar los caballos de las decenas de recicladores que viven allí. Desde un helicóptero que sobrevolaba la zona les marcaban los lugares donde había animales y los policías entraban por la fuerza. Adentro se encontraban con niños y adultos que se despertaban sobresaltados.
“A las 4 y media de la mañana me allanaron mi casa y se llevaron mi herramienta de trabajo: mi animal, mi yegua. Encima entraron pegándonos y nos pusieron maltrato animal. ¿A las cuatro y media de la mañana maltrato animal? No puede ser nunca”, se quejaba Daniel, uno de los carreros afectados.
Los vecinos calculan que se llevaron entre 50 y 60 caballos. En el operativo no hubo control de ningún veterinario. Cuando terminó el allanamiento masivo, los carreros y carreras de la Ribera de Quilmes se manifestaron en la bajada de la Autopista para pedir una respuesta al municipio.
“En un barrio donde se vende droga y la policía lo sabe, dónde hay niños con graves problemas de salud y malnutrición, dónde el Estado no se interesa por resolver nada, se hacen presentes a la madrugada para robar y amedrentar a las familias más pobres que se ganan el pan cartoneando, reciclando con lo único que les deja este sistema: la basura”, dijeron en un comunicado.
“Se trata de una situación de persecución inadmisible a estos trabajadores que además realizan un trabajo irremplazable, que es la recolección de la basura del distrito, y para los que el municipio no ha tenido respuestas que mejoren su condición laboral”, dijeron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (CTEP).
El martes desde las 11 convocan a movilizarse desde la estación de Quilmes hacia los tribunales de la calle Yrigoyen para exigir una respuesta contra la persecución a los recicladores.
“Los vecinos, muchos de ellos carreros recicladores, vienen reclamando por sus derechos hace tiempo y el Municipio lo único que hace es alimentar la violencia de la mano de las fuerzas de seguridad, criminalizando a trabajadores y trabajadoras. En un barrio donde se vende droga con connivencia policial, donde hay niños con malnutrición, el Estado solo se presenta para profundizar la situación dejando sin sustento a decenas de familias humildes”, dijeron en un comunicado.
