En 2019 se cumplen 30 años de la entrada en vigencia de la ley 23.737 de estupefacientes, una norma que en sus tres décadas de aplicación en el país trajo aparejadas innumerables violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas prohibidas. Una ley que vulnera el derecho a la salud ante eventuales consumos problemáticos y que genera un gasto irracional en materia de justicia y seguridad para perseguir a consumidores y consumidoras.
Este año, además, se cumple una década de un fallo histórico en materia de drogas. En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad -a través del fallo Arriola- declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas usuarias de drogas prohibidas. En este contexto -a una década de una sentencia desoída y tres de una ley anacrónica- nace “Reset. Política de drogas y derechos humanos”, una organización interdisciplinaria e intergeneracional, que busca aportar a la construcción “de una política de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos”.
En el fallo Arriola los jueces de la Corte se basaron en la figura de “tenencia para consumo personal” contenida en la actual ley de estupefacientes, “una de las leyes más vetustas de la región y el mundo”, según Reset. Desde ese fallo se presentaron en el Congreso de la Nación más de 25 proyectos de reforma, desde diferentes bloques y partidos políticos. Ninguno avanzó.
“Decenas de organismos internacionales recomiendan un abordaje no punitivo para con las personas consumidoras y también respecto de los delitos de menor cuantía -como es el caso de la venta minorista de sustancias o de la modalidad de tráfico realizada por las mal llamadas ‘mulas’”, dijo la organización. Estos organismos también apuntan a abolir los tratamientos compulsivos en beneficio de los abordajes vinculados a la gestión de riesgos y reducción de daños. “Nuestro país desoyó buena parte de las recomendaciones, al priorizar una mirada bélica, represiva y abstencionista que fracasó en cada lugar en la que fue implementada durante décadas de prohibición”, agregaron.
Resetear una política fallida
“El nombre de RESET proviene de la expresión “Set & Setting”, acuñada por el psicólogo y psiquiatra Norman Zinberg”, explicó a Cosecha Roja el abogado Mariano Fusero, integrante de la nueva organización. “Se denomina “set” o “mindset” al estado mental de la persona usuaria de drogas al momento de iniciar la experiencia de consumo: expectativas, prejuicios, conocimiento respecto de la sustancia y su calidad, fantasías, etc. El “setting” se refiere al entorno físico al momento de la experiencia”, explicó Fusero.
“En un contexto de amenaza de criminalización y estigma social respecto de las personas que consumen (setting), uno de los objetivos de la organización es brindar herramientas, información, capacitación y apoyo a las mismas para que sus realidades subjetivas (set) no se vean violentadas por aquel entorno hostil. El nombre, además, está vinculado a una función clave de la informática, utilizada “cuando algo funciona mal o se encuentra produciendo un daño al sistema”, agregó Fusero.
Criminalización de mujeres e identidades disidentes
Reset destacó el daño que producen estas políticas en mujeres e identidades disidentes, lo que se evidencia en los índices de criminalización, prisionización y niveles de estigmatización. “En América Latina más del 60% de la población de mujeres cis y trans está encarcelada por delitos de drogas y la tendencia va en aumento”, explicaron la socióloga Antonella Tiravassi y María Santos, integrantes del equipo de Reset.
“Las mujeres son criminalizadas en cuanto usuarias, transportistas y vendedoras (menudeo) bajo un marco punitivo que requiere cambios urgentes. Además, son discriminadas por ser mujeres que franquean espacios públicos todavía dominados por lógicas patriarcales”, explicaron Santos y Tiravassi. “Resulta fundamental investigar y evidenciar el impacto diferencial de las políticas de drogas vigentes. La construcción de la perspectiva de género solo será posible incluyendo las voces de las mujeres cis, trans e identidades disidentes afectadas”, agregaron.
En el caso de las detenidas que son madres hay una condena extra: la destrucción del vínculo materno-filial.
Cannabis legal
En Argentina miles de personas buscan acceder de manera legal a sustancias para uso terapeútico. Según Reset la ley 27.350 sobre investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis “ignoró la principal demanda de esta población: el acceso democrático a la sustancia, incluyendo el autocultivo”. Esta conducta establece penas de entre 4 y 15 años de prisión. Una pena equiparable al delito de violación.
“Conformar un equipo interdisciplinario como el de RESET posibilita una actuación y entendimiento mayor en relación a los usos medicinales de la planta de cannabis. De esta forma, el trabajo sobre la temática no quedaría solo en el derecho, sino que permitiría analizar la cuestión con una visión más amplia sobre la salud, salud mental, sociología, psiquiatría, feminismo y demás saberes”, explicó Marcos Torti Iermini.
“El acceso a los usos medicinales, terapéuticos y paliativos de las sustancias actualmente prohibidas, debe ser materia impostergable de las políticas públicas”, proponen desde la organización.
